El Gobierno nacional aseguró que el proyecto para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas no busca afectar a grandes fondos de inversión estadounidenses. La postura se conoce después de contactos con Washington por el alcance de las sanciones previstas en la iniciativa, aunque la Casa Rosada niega que Estados Unidos haya exigido formalmente frenar su tratamiento.
En el Ejecutivo reconocen que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener el régimen sancionatorio para compañías de ese país. Sin embargo, sostienen que las observaciones no modificaron la decisión del presidente Javier Milei de impulsar la propuesta y diferencian esas conversaciones de una presión directa de la administración de Donald Trump.
Uno de los puntos sensibles es la eventual aplicación de penalidades a fondos como BlackRock, que mantienen participaciones en empresas vinculadas con actividades económicas en las islas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de esa magnitud si las medidas pueden generar un conflicto diplomático, aunque no se anunció una excepción formal incorporada al proyecto.
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La iniciativa, presentada el 17 de septiembre, propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. El texto contempla multas, inhabilitaciones y limitaciones comerciales, además de alcanzar a quienes financien o faciliten las actividades cuestionadas. La legislación vigente ya establece sanciones para operaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Mientras tanto, el oficialismo postergó el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados previsto para el 20 de octubre y trasladó el debate a la semana siguiente. La Libertad Avanza busca reunir los respaldos necesarios para emitir dictamen, pero mantiene negociaciones con el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas por modificaciones relacionadas con seguridad nacional, defensa e inteligencia.
Las conversaciones legislativas avanzan en paralelo con el análisis de las medidas que podrían aplicarse a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas, entre ellas las relacionadas con el proyecto Sea Lion. El Gobierno busca ampliar las herramientas para actuar contra esas operaciones, mientras intenta evitar que las diferencias con Washington escalen y afecten la relación bilateral.
