El fiscal Federal Ramiro González será el encargado de investigar el posible delito de desobediencia por parte del presidente Alberto Fernández y distintos funcionarios implicados ante el anuncio de recusación de los jueces de la Corte Suprema por el fallo que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas, subrogante en el Juzgado 6, al delegar la causa en ese fiscal tras el sorteo de la primera denuncia que fuera presentada por presunto incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo ante la decisión adoptada por la Corte Suprema en el pleito por la coparticipación entre Capital y Nación, informaron fuentes judiciales.
De este modo, todas las denuncias presentadas serán acumuladas y unificadas en la primera y tramitadas conjuntamente por el fiscal Ramiro González.
Según señalaron desde Comodoro Py, se entiende que el trámite aún está en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, de modo que el estado de situación se asemeja a una «investigación penal preparatoria» a cargo del fiscal, que deberá evaluar la marcha del expediente.
Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández anunció hoy que instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que «reasigne» los «únicos recursos disponibles del ejercicio 2022» y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación.
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», precisó el mandatario a través de la red social Twitter.
El miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
Como respuesta, el mandatario anunció que recusaría a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentará un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, iniciativa que fue acompañada por la mayoría de los gobernadores que se verían afectados por el fallo.
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