Foto ilustrativa – El Cronista.
Noelia Alderete, madre de Gonzalo Güenchur, el adolescente de 17 años asesinado en Comodoro Rivadavia en mayo de 2024, continúa impulsando reclamos vinculados con los derechos de las familias de víctimas. En ese marco, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y el procurador general de Chubut, Rodrigo Miquelarena, para avanzar en la adhesión y adecuación provincial de la Ley Nacional de Víctimas. Alderete viene acompañando además a otras familias que atraviesan causas judiciales y plantea transformar esas experiencias en cambios institucionales.
Durante el encuentro, presentó un proyecto de ley escrito para que sea analizado por los funcionarios y destacó la necesidad de que la provincia incorpore las herramientas previstas por la normativa nacional. “La intención es poder trabajar en la adhesión y la adecuación de la Ley de Víctimas Nacional porque Chubut no está adherida a esta ley y me parece muy importante poder contar con los recursos que brinda esta ley, con las herramientas que brinda”, explicó.
Uno de los principales puntos planteados está relacionado con la participación de las víctimas y sus familiares dentro de los procesos judiciales. Alderete sostuvo que actualmente existen situaciones en las que las familias quedan al margen de distintas instancias y señaló que la adhesión permitiría ampliar sus derechos. “Es mucho más amplio de lo que se trabaja en Chubut”, afirmó, y mencionó entre las herramientas el acceso a la causa, la posibilidad de constituirse como querellante y la asistencia de un abogado proporcionado por el Estado.
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La atención de la salud mental también ocupó un lugar central durante la reunión. Alderete relató las dificultades que atravesó después del asesinato de su hijo para acceder a un tratamiento psicológico. “Hace 2 años y medio falleció mi hijo y a mí me hicieron una derivación al psicólogo y todavía estoy en la búsqueda de conseguir un turno”, contó. Y agregó: “Es muy difícil acceder a la parte de salud mental, incluso teniendo obra social”.
Consultada sobre si el principal obstáculo era la falta de recursos, Alderete respondió que, según lo conversado con los funcionarios, el problema estaría relacionado con la falta de adhesión a la legislación. “Recursos no faltan. Lo que falta es adherir a la ley”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el objetivo de la reunión fue avanzar sobre una propuesta concreta: “La idea también hoy fue presentar el proyecto de ley escrito para que ellos lo puedan leer, lo puedan estudiar y que no quede solo en palabras, sino que pueda ser algo serio”.
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La situación económica de las familias después de un homicidio también fue incorporada al planteo. Alderete explicó que existe la posibilidad de solicitar asistencia económica para quienes atraviesan este tipo de situaciones, aunque remarcó que muchas personas desconocen esa herramienta. Durante el encuentro estuvo acompañada por Ivana Báez, quien también perdió a su hijo, y acordaron avanzar con los trámites para solicitar esa ayuda. “Todo el que pase un homicidio doloso puede acceder a esta ayuda, puede recibirla. El tema es que hay que tramitarla y la gente se tiene que informar de que puede pedirla”, señaló.
Otro de los reclamos estuvo vinculado con las dificultades para acceder a un abogado particular y ejercer el rol de querellante. Alderete recordó su propia experiencia durante la causa por el asesinato de Gonzalo y afirmó: “Yo presenté en su momento un escrito, un pedido, como querellante, y me dijeron que no hacía falta”. En relación con las herramientas que busca incorporar, destacó que la propuesta contempla asistencia jurídica estatal y la posibilidad de reabrir una causa bajo determinadas condiciones: “Incluso cuando te cierran la causa, vos podés volver a reabrirla. Y el Estado te proporciona el abogado”.
Alderete valoró la predisposición de Iturrioz y Miquelarena para continuar trabajando sobre el proyecto y señaló que ambos se comprometieron a mantener un próximo encuentro. El objetivo es avanzar en una propuesta que amplíe el acompañamiento a las familias de víctimas y contemple no solamente su participación dentro de las causas judiciales, sino también la asistencia psicológica y económica. El planteo se suma a otros reclamos que Alderete viene realizando junto a familiares de víctimas en Comodoro Rivadavia para promover mayores herramientas de protección y participación durante los procesos judiciales.
