El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en un operativo realizado este miércoles. Mariaca estaba al frente de investigaciones contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y había sido incluido dos días antes por Estados Unidos entre los funcionarios a los que les revocó el visado.
La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, aunque las autoridades no informaron inicialmente cuál era la orden o el motivo concreto del procedimiento. La Fiscalía General boliviana denunció que Mariaca fue aprehendido de manera ilegal y calificó el operativo como un “secuestro”, mientras también reportó una intervención policial en sus instalaciones de Sucre.
El Gobierno boliviano acusó posteriormente a Mariaca de liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público que habría protegido actividades vinculadas con el narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que fueron detenidas 14 personas en distintos operativos, entre ellas tres fiscales.
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La situación se produjo pocos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca y Zeballos y los acusara de corrupción y de obstaculizar acciones contra el narcotráfico. Mariaca rechazó esos señalamientos y sostuvo que la decisión de Washington podía estar relacionada con investigaciones impulsadas por la Fiscalía, entre ellas las causas contra Cerimedo.
Cerimedo permanece detenido en Bolivia y enfrenta investigaciones por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, además de causas relacionadas con enriquecimiento ilícito y otros delitos. En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones e incorporó los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.
Tras la detención de Mariaca, la Fiscalía General informó que Luis Montaño Morales asumirá de manera interina el cargo, por ser el fiscal superior con mayor antigüedad. Mariaca había sido elegido fiscal general en octubre de 2024 para un período de seis años, mientras que el Parlamento boliviano tiene previsto analizar el próximo lunes las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
