El fiscal Franco Picardi delimitó la investigación por supuestas maniobras ilícitas en la Agencia Nacional de Discapacidad entre 2023 y 2025. El caso salpica a la Suizo Argentina y otras droguerías, además de involucrar a exfuncionarios del organismo.
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La justicia federal avanza en una investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El fiscal Franco Picardi sostuvo que el caso apunta a “posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS” con participación de proveedores privados y funcionarios nacionales.
El dictamen se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario, que rigió durante 20 días, y en paralelo a la decisión del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, de presentarse con defensa oficial. El juez designó al abogado Hernán Silva para representarlo.
Picardi precisó que la investigación busca “la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”, al advertir que los hechos “habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
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Según el fiscal, parte de la operatoria estaría vinculada a la droguería Suizo Argentina y a otras empresas proveedoras de medicamentos. “Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as”, detalló.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien aportó audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionan supuestos pagos de porcentajes por parte de droguerías destinados a funcionarios del Gobierno nacional.
En esos registros, el ex titular de la ANDIS alude directamente a “Lule” Menem y a Karina Milei, lo que generó un fuerte impacto político en la investigación en curso.
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La defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la Suizo Argentina, planteó la nulidad de la causa bajo el argumento de que las grabaciones que originaron la denuncia fueron obtenidas de manera ilegal. El planteo quedó en manos del juez Sebastián Casanello.
Mientras tanto, la fiscalía insiste en que los indicios iniciales revelan un circuito de pagos indebidos en el marco de licitaciones públicas, que habrían favorecido a determinados actores privados en perjuicio del Estado.
El expediente avanza en un escenario de tensión, ya que en los próximos días se espera que Casanello resuelva si mantiene la validez de las pruebas o si hace lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa de los empresarios.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
