La Fiscalía de Corea del Sur solicitó una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por delitos relacionados con su fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre de 2024, la primera suspensión del régimen civil en más de cuatro décadas. La medida provocó protestas masivas y enfrentamientos en el Parlamento.
Desde su destitución en abril por el Tribunal Constitucional, Yoon enfrenta múltiples juicios vinculados a su decisión de imponer la ley marcial. Entre los cargos que se le imputan, los fiscales incluyen obstrucción a la justicia, ya que presuntamente excluyó a miembros del gabinete de reuniones clave y bloqueó a investigadores en enero de este año.
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El caso generó un intenso debate político en Corea del Sur, dado que Yoon justificó su decisión argumentando que buscaba combatir “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”, según declaraciones recientes. Sin embargo, la controvertida medida fue ampliamente criticada por considerarse un intento de concentrar poder y limitar las libertades civiles.
La sentencia está prevista para enero próximo en un tribunal de Seúl, que deberá definir si Yoon enfrentará la pena solicitada por la Fiscalía y las implicancias legales de su acción histórica. Analistas señalan que el fallo podría marcar un precedente importante sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo en Corea del Sur.
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El caso ha generado atención internacional, ya que refleja tensiones políticas internas y la complejidad del equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en un contexto de amenazas percibidas por la influencia de potencias extranjeras.
Fuente: DW.
