La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles de forma definitiva la ley que regula el derecho a la ayuda para morir, legalizando la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades graves, irreversibles y en fase avanzada que padezcan sufrimientos considerados insoportables. La iniciativa fue respaldada por 291 diputados, mientras que 241 votaron en contra.
La norma culminó un extenso recorrido legislativo iniciado en 2025. Aunque había sido aprobada en dos oportunidades por la Cámara de Diputados, el Senado, de mayoría conservadora, la rechazó en otras dos ocasiones. Finalmente, la tercera lectura permitió su sanción definitiva.
El proyecto había sido promovido por el presidente Emmanuel Macron como uno de los principales avances sociales de su segundo mandato. Sin embargo, antes de su aplicación efectiva será revisado por el Consejo Constitucional, a pedido del primer ministro Sébastien Lecornu, quien manifestó dudas sobre algunos aspectos de la legislación, entre ellos el plazo mínimo de reflexión de dos días para los pacientes.
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La ley establece que podrán solicitar la ayuda para morir las personas mayores de edad, de nacionalidad francesa o residentes en el país, que padezcan una enfermedad grave e incurable con pronóstico vital comprometido, un deterioro irreversible de su salud y sufrimientos físicos o psicológicos derivados de esa condición que no puedan aliviarse o sean considerados insoportables por el propio paciente.
El procedimiento exige que el solicitante conserve plena capacidad para expresar libremente su voluntad. La petición deberá realizarse por escrito ante un médico, que contará con un plazo de hasta 15 días para emitir una respuesta tras una evaluación colegiada. Si la solicitud es aceptada, el paciente deberá ratificar su decisión después de un período mínimo de reflexión.
Tras la aprobación, la Conferencia Episcopal Francesa calificó la ley como una «ruptura grave» en la historia del país y expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la percepción social de la vejez, la discapacidad, la enfermedad y la vulnerabilidad. El Consejo Constitucional deberá pronunciarse ahora sobre la validez de varios artículos antes de que la legislación pueda entrar en vigor.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/EPA/TERESA SUAREZ.
