El Gobierno de Francia anunció que desplegará efectivos militares para apoyar el operativo de seguridad previsto para el sábado 24 de octubre, en medio de la tensión por los disturbios registrados durante las últimas movilizaciones. La medida busca liberar a policías y gendarmes de tareas logísticas para que puedan concentrarse en el control del orden público.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó ante la Asamblea Nacional que participarán unidades de la operación Sentinelle. El anuncio se produjo después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, anticipara un dispositivo policial “masivo” para responder a las nuevas manifestaciones convocadas por el sindicato estudiantil UNEF.
Las protestas del 17 de octubre dejaron un saldo de al menos 2.400 detenidos y cerca de un millar de policías y gendarmes heridos, además de saqueos en comercios y daños en edificios públicos. La Fiscalía de París abrió investigaciones por la muerte de un hombre durante las movilizaciones y por un procedimiento policial contra un socorrista voluntario.
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Lecornu reconoció fallas de inteligencia y consideró que el despliegue policial había sido demasiado estático. Al mismo tiempo, acusó a sectores de extrema izquierda de organizar los hechos violentos, mientras que La Francia Insumisa rechazó los señalamientos y cuestionó al Ejecutivo por atribuirle responsabilidades en los disturbios.
Como parte de las medidas preventivas, las autoridades extendieron los toques de queda en sectores de París, Marsella y Lyon. En la capital francesa, la restricción anunciada para este martes regirá entre las 23 y las 6 del miércoles, mientras que en Marsella se aplicará de 22 a 5 y continuará durante las noches siguientes hasta el viernes.
La crisis también genera preocupación económica. La Federación Bancaria Francesa informó sobre daños en sucursales de distintas entidades, mientras que operadores de bicicletas compartidas reportaron pérdidas y destrozos durante los enfrentamientos. Las nuevas protestas estarán atravesadas por reclamos vinculados con el financiamiento educativo, el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno de Emmanuel Macron.
