Este miércoles, pasadas las 11:30, se realizó en los Tribunales de Puerto Madryn una nueva audiencia en la que los jueces Marcelo Orlando y Alejandra Hernández deberán resolver si se ordena la apertura de la investigación por el presunto abuso sexual reiterado de una niña, cuyo imputado es su progenitor.
El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, cuestionó en duros términos la decisión fiscal que, según afirmó, «ha impedido la consecución de la investigación de una manera absolutamente infundada y errónea».
Gallego sostuvo que el caso presenta «pruebas sobreabundantes» que justificarían la apertura de investigación y medidas de coerción contra el progenitor. El abogado explicó que la niña (hoy de 9 años) habría relatado los hechos a distintas profesionales y que existen informes de psicólogas, pediatras y del Hospital Público de Puerto Madryn que indicarían secuelas compatibles con abuso. «Hay una negativa a investigar que realmente resulta asombrosa, y es muy grave la posición que ha tomado el Ministerio Público de Puerto Madryn al negarse sin ningún fundamento», expresó.
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El querellante advirtió que la situación «pone a la Justicia de Chubut en la mira», y recordó un antecedente de Puerto Pirámides que, según dijo, presenta similitudes y nombres que se repiten. «Esperamos que esta audiencia sea un antes y un después», indicó.
Gallego también cuestionó que la Fiscalía no haya convocado a la menor a declarar en Cámara Gesell. «La niña necesita ser oída, pero acá en Cámara Gesell, con protección, que diga lo que tenga que expresar y que la justicia lo evalúe», señaló.
Consultado sobre el proceso de revinculación con familiares del imputado, el abogado querellante rechazó la posibilidad. Consideró que ciertas solicitudes de visitas podrían apuntar a «obturar el relato, la voz de la niña a partir de ese tipo de cosas», y añadió: «Todo nos hace indicar que lo que se busca es mucho más encubrir que la cuestión afectiva».
Por último, el abogado sostuvo que, de no revertirse la situación, el caso podría llegar a la Corte Suprema. «La conducta del Ministerio Público Fiscal es llamativa y de una gravedad institucional evidente», dijo.
La decisión de los jueces se conocerá el próximo miércoles 10 de diciembre, tras el análisis de los planteos formulados por las partes.
