Ante la imposibilidad de aprobar una nueva ley de presupuesto para 2025 en el Congreso, el Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 y estableció nuevas reglas para la asignación de recursos y control del gasto público. La medida ha generado críticas por su falta de transparencia.
MIRÁ TAMBIÉN | Caputo anuncia cambios al sistema antidumping
El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la asignación de recursos y gastos públicos para 2025 mediante la Decisión Administrativa 3, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida se adopta en el marco de la prórroga de la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, dado que no se logró un consenso en el Congreso para aprobar una nueva ley de presupuesto para el presente año. Esta es la segunda vez consecutiva que el Ejecutivo se ve obligado a operar con un presupuesto prorrogado.
A pesar de la falta de un presupuesto específico para 2025, el Gobierno ha asegurado que continuará con el ajuste del gasto, que el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ha denominado «deep motosierra». En este sentido, el Ejecutivo también ha indicado que, si los ingresos superan las previsiones, avanzará con reducciones de impuestos.
La Decisión Administrativa 3, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece varios puntos clave para la gestión de los recursos públicos. En primer lugar, la normativa mantiene la vigencia del Presupuesto 2023, con ajustes realizados según el Decreto N° 1131/24. Además, introduce controles trimestrales sobre la evolución de las plantas de personal y las contrataciones, exigiendo informes a la Secretaría de Hacienda.
MIRÁ TAMBIÉN | Un hombre murió electrocutado en Río Negro
Otro aspecto importante es el mecanismo de gestión de vacantes, que obliga a certificar las vacancias antes de proceder a su cobertura, asegurando que los recursos para ello estén financiados. A su vez, algunos montos indicativos podrán ser modificados según las necesidades del Gobierno, incluyendo partidas de bienes de consumo, servicios y pagos de deuda.
La medida ha generado críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan la falta de transparencia y el hecho de que no haya habido un debate parlamentario sobre los recursos del Estado. Especialistas también alertan sobre los riesgos de operar con un presupuesto basado en una ley diseñada para un contexto económico distinto.
Por otro lado, el artículo 7° de la Decisión Administrativa permite ciertos ajustes en partidas específicas, aunque se limita la capacidad del Gobierno para modificar el destino de los recursos asignados a gastos de capital y aplicaciones financieras, garantizando cierta estabilidad en áreas sensibles, como infraestructura o servicios básicos.
MIRÁ TAMBIÉN | Cristina Kirchner apela su condena en la causa Vialidad a la Corte
En cuanto a las facultades de modificación presupuestaria, la norma establece que no se podrán realizar cambios que afecten los destinos principales de los recursos, asegurando que las prioridades del Gobierno, como los gastos de capital, no sean alteradas. La normativa también define la necesidad de una gestión eficiente y ordenada de las vacantes y los cargos del sector público.
La prórroga del presupuesto ha sido necesaria en medio de un contexto político donde el Gobierno y la oposición no han logrado llegar a un acuerdo sobre la ley de presupuesto, lo que ha obligado al Ejecutivo a adoptar medidas unilaterales para asegurar el funcionamiento del Estado en 2025.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
