La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió este jueves a las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas durante el violento desalojo en Villa Mascardi, y sostuvo que «la situación es sumamente preocupante».
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«Desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujer indígenas», afirmó la ministra, en el marco de las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez.
Se trata de la causa en la que dispuso «hacer cesar el delito» en los nueve lotes denunciados como usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos de Parques Nacionales y los demás de particulares.
En la causa interviene además la fiscal Cándida Etchepare.
Al respecto, la ministra Gómez Alcorta detalló que entre las siete mujeres detenidas se encuentra «una líder espiritual», dos de ellas se encontraban con «sus niños muy pequeñitos» y había una mujer embarazada de cuarenta semanas «y con algunos temas de presión alta».
«Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento el miércoles que se rechazaron todas esas excarcelaciones», manifestó la funcionaria.
En ese marco, advirtió que se trata de «mujeres que están incomunicadas hace 48 horas» y consideró que «lo más grave» es que estos pedidos de excarcelaciones «fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados o abogas particulares».
Al referirse a las detenidas, Gómez Alcorta indicó que la «falta de asignación está vinculada a la incomunicación» de las detenidas, lo cual constituye «un círculo perverso«.
«No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho», criticó.
Contó además que este miércoles se dispuso «el trasladado de cuatro de las mujeres a la cárcel de Ezieza» con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona por lo que, en este momento, «hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada».
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En tanto, remarcó que lo más grave «es que no se sabe aún hoy qué es lo que se les imputa».
«El miércoles por la noche la mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza y a parir teniendo en consideración las pautas culturales y esto no se permitió», lamentó.
La funcionaria remarcó que el Ministerio está interviniendo y que hay una coordinadora del ministerio en Bariloche, pero que se trata de «actuaciones pura y exclusivamente ordenandos por la jueza» y que el Ministerio «no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial».
«Nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza», completó Gómez Alcorta.
