El cierre de accesos a sitios emblemáticos como La Boca de la Caleta y la Pingüinera de Caleta Valdés, espacios con infraestructura estatal y uso histórico público, generó un fuerte rechazo y abrió la puerta a posibles acciones judiciales.
La decisión de la familia Ferro de impedir el ingreso a prestadores turísticos y al público en general a miradores y playas estratégicas de la Península Valdés volvió a encender la alarma en el sector turístico y en la comunidad. El cierre de accesos a sitios emblemáticos como La Boca de la Caleta y la Pingüinera de Caleta Valdés, espacios con infraestructura estatal y uso histórico público, generó un fuerte rechazo y abrió la puerta a posibles acciones judiciales.
El abogado Daniel Gómez Lozano cuestionó con dureza la medida adoptada por la estancia Ferro Sociedad Anónima, al remarcar que se trata de “un lugar público, una reserva pública, donde el Estado hizo obras de infraestructura, señalización, senderos y estacionamiento hace más de 25 años”. Según explicó, el acceso no solo forma parte de la oferta turística, sino que es un derecho de cualquier ciudadano que visite o resida en la provincia.
El entrevistado puso el foco en el carácter ilegítimo del cierre y en el momento elegido para aplicarlo. “Siempre coincide con la temporada alta, primero con la de cruceros y ahora nuevamente en pleno verano. Son cierres absolutamente ilegítimos, porque no importa dónde llegue el título de propiedad: esto es de uso público”, afirmó Gómez Lozano, al advertir que la decisión afecta de lleno a agencias de viajes, guías y visitantes.
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Uno de los puntos más sensibles es el trasfondo económico de la medida. El abogado reveló que “la estancia Ferro pretende un peaje de 7 mil dólares mensuales para permitir el acceso, lo que deja en evidencia que no se trata de conservación sino de un interés puramente económico”. En ese sentido, advirtió que, de prosperar este esquema, “los ciudadanos comunes, nuestras familias y nuestros hijos quedarían directamente afuera de lugares que siempre fueron públicos”.
Gómez Lozano también se refirió la solución que se puede dar desde el estado frente a este tipo de situaciones. “La autoridad de aplicación debería labrar un acta, ordenar la apertura, sancionar y multar. Son espacios públicos con obras públicas, no tienen ningún derecho a cerrar el paso”, sostuvo, al tiempo que remarcó que hasta el momento no se conocen sanciones efectivas contra los responsables del cierre.
Desde el sector turístico, la preocupación es creciente. La Asociación de Agencias de Viaje analiza avanzar con una presentación judicial si no hay respuestas oficiales. “Si el Ministerio no actúa, las agencias van a pedir un amparo en la Justicia. El amparo es la última instancia, pero no podemos seguir esperando”, señaló el abogado, quien participa de reuniones con el sector afectado.
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Finalmente, Gómez Lozano advirtió que el caso de la Península Valdés no es aislado, sino parte de un fenómeno más amplio. “Estamos viendo un avance del sector privado sobre playas, ríos y lagos históricos. Esto nos convierte en ciudadanos de segunda dentro de nuestra propia provincia”, concluyó.
