“Por supuesto que no somos ajenos a la denuncia que hay en torno a un supuesto acoso en la Universidad de la Patagonia (UNPSJB) que involucra a un agente de la Oficina Anticorrupción y si bien los hechos no se dieron en el marco de la Oficina, son públicos y notorios y tienen que ver con un agente de nuestra dependencia”, reconoció Carmona a Radio 3.
“La intención era entrevistarme con la fiscal Bottini y la funcionaria que trabaja en la causa, no pretendía inmiscuirme en detalles pormenorizados porque es una investigación delicada, pero sí avanzar en conocer la situación procesal de la causa en lo genérico”, explicó.
“Ellas me pusieron al tanto de la situación y me dijeron que todavía no saben si va a configurarse un delito penal, o una contravención o una cuestión administrativa”, reveló Carmona.
“Han podido acreditar información sobre prácticas que se daban de manera continua, me dijeron podrían configurarse, hay elementos acreditados con dos denuncias de presuntas víctimas y muchas declaraciones testimoniales no sólo de mujeres, sino también de varones, que ratifican situaciones de esa naturaleza”, expuso el abogado.
“Desde que tomamos conocimiento público de la situación iniciamos nuestro propio expediente desde la Oficina, hicimos pedidos de informes a la Universidad y al Ministerio Público Fiscal y acordamos hacer una nota para que sepamos el estado de la causa y lo incorporemos en el sumario para establecer cuáles serán los pasos a seguir desde la oficina”, precisó.
“Contemporáneamente a eso, el Tribunal Oral Federal, en el marco de otra investigación de la Universidad, ordenó que se lo investigue a Ferrari, con lo cual estamos esperando que nos envíen copia certificada de esa sentencia”, destacó.
“Tenemos la obligación, porque así corresponde, de respetar el principio de inocencia, entonces para avanzar ante un agente implicado en estas cuestiones, pero tengo que hacerlo a rajatabla desde el principio de legalidad e inocencia, que tiene tanto valor como el derecho de las víctimas”, advirtió Carmona.
“Ferrari fue licenciado en la Universidad, mientras en la Oficina Anticorrupción presentó una licencia psiquiátrica que debe ser respetada”, indicó.
“El expediente que iniciamos nos hizo ver también que ninguno de los empleados de la Oficina ha sido capacitado en la Ley Micaela, así que vamos a hacer los protocolos para empezar las capacitaciones que son obligatorias por ley para todo empleado público”, aseveró.
“Eventualmente, si vamos a tomar medidas, tenemos que brindar la posibilidad que el implicado haga su descargo”, sentenció en el final.
