La justicia de Sarmiento rechazó el pedido de arresto domiciliario y el imputado llegará detenido al juicio por jurados por el crimen del peón rural.
El juez penal Ariel Quiroga resolvió mantener la prisión preventiva de C.O.L. (66), acusado por el homicidio de Segundo Quilodrán (43). Durante la audiencia de revisión, el magistrado desestimó el pedido de la defensa para trasladar al imputado a una vivienda en Rada Tilly, extendiendo la medida de coerción por tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar.
La fiscal Andrea Vázquez fundamentó la necesidad de sostener la detención debido al inminente riesgo de fuga. Al respecto, señaló que la acusación pública ya fue presentada y que la gravedad del delito —homicidio doblemente agravado por alevosía y uso de arma de fuego— contempla una posible pena de prisión perpetua, lo que incrementa las probabilidades de evasión por parte del acusado.
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El hecho investigado ocurrió el 16 de marzo de 2025 en la estancia “La Fuencisla”, cerca de la localidad de Ricardo Rojas. Según la fiscalía, C.O.L. habría disparado con un rifle con mira telescópica contra Quilodrán mientras este realizaba tareas rurales a bordo de una motocicleta. La autopsia confirmó que el proyectil impactó en el tórax de la víctima, quien fue hallada sin vida al día siguiente por sus propios compañeros.
Por su parte, el abogado defensor Guillermo Iglesias adelantó que solicitará el sobreseimiento de su asistido bajo la figura de «legítima defensa privilegiada». Sin embargo, los testimonios complican la situación de C.O.L., ya que testigos aseguran que el imputado no solo confesó el disparo en el lugar del hallazgo, sino que también profirió amenazas de muerte contra otros trabajadores presentes.
Este proceso judicial marcará un hito en la circunscripción de Sarmiento, al convertirse en el cuarto caso que se resolverá mediante un juicio por jurados. En esta instancia, doce ciudadanos comunes serán los encargados de determinar la culpabilidad o inocencia de C.O.L. en un crimen que conmocionó a la comunidad rural de la Patagonia central.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
