Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa advierte que el país continúa entre los más peligrosos de América para la defensa del medioambiente y el territorio, con la violencia ligada a conflictos por la tierra, minería y tala ilegal.
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Honduras se mantiene como uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa del medioambiente y el territorio, con al menos 103 activistas asesinados entre 2015 y 2025, según un informe difundido este jueves en Tegucigalpa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI).
El documento revela que la mayoría de los crímenes están relacionados con conflictos por la tenencia de la tierra, la explotación forestal ilegal, concesiones mineras otorgadas sin consulta previa y la presencia de actores armados en zonas rurales. Además, advierte que el 90 % de los casos permanece en la impunidad, una situación que favorece la reiteración de ataques contra defensores ambientales.
Más del 30 % de los asesinatos se registró en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, una región marcada por disputas históricas por la tierra que han dejado alrededor de 200 muertos en las últimas décadas. A este escenario se suma la persistente presencia del narcotráfico, que agrava la conflictividad social y territorial.
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Según el informe, muchas de las tierras reclamadas por campesinos organizados fueron adjudicadas por el Estado en los años 70, en el marco de un programa de reforma agraria impulsado durante los regímenes militares, lo que generó un conflicto estructural que aún no encuentra solución.
La ASJ documentó tres casos emblemáticos que reflejan los patrones de riesgo y abandono estatal que enfrentan los defensores ambientales en el país. Se trata de la líder indígena tolupán María Enriqueta Matute, asesinada durante una protesta pacífica en 2013; del dirigente campesino Santos Hipólito Rivas Baquedano, emboscado en el Bajo Aguán en 2023 pese a contar con medidas de protección; y del defensor comunitario Juan Bautista Silva Ventura, asesinado junto a su hijo en 2025 mientras documentaba tala ilegal en Comayagua.
Aunque ocurrieron en distintos años y regiones, los casos comparten características comunes: amenazas previas no atendidas, criminalización de líderes comunitarios, presencia de economías ilegales ligadas a recursos naturales, falta de protección efectiva y ausencia de investigaciones que apunten a los autores intelectuales.
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“El conjunto de estos hechos ilustra un patrón estructural de violencia que sigue poniendo en riesgo la vida de quienes defienden el ambiente en Honduras”, subraya el informe.
Ante este panorama, la ASJ impulsa la iniciativa “Guardianes silenciados”, destinada a visibilizar la violencia contra defensores ambientales a través de investigación de campo, análisis técnico y testimonios humanos. El proyecto forma parte del programa Justicia ambiental y protección a defensores ambientales, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala.
La iniciativa contempla la creación de una plataforma digital que reunirá datos actualizados, rutas de denuncia, análisis jurídicos y perfiles de defensores ambientales asesinados. También cuenta con el acompañamiento del experto internacional Federico Chunga, especialista en protección de personas defensoras, quien ha mantenido encuentros con autoridades, organizaciones civiles y medios para evaluar estrategias regionales de prevención.
En las próximas semanas, la ASJ presentará un nuevo estudio sobre las fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección, investigación y sanción de estos crímenes, junto con el lanzamiento oficial de la plataforma Guardianes silenciados.
Fuente y foto: EFE
