El Gobierno de Honduras expresó este martes su preocupación y desacuerdo con la decisión de una corte federal de Estados Unidos que avala la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, aunque destacó que el proceso legal aún no es definitivo y que puede llegar hasta la Corte Suprema de EE. UU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras emitió un comunicado oficial lamentando que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito haya resuelto que el gobierno estadounidense puede avanzar con la cancelación del TPS, medida que afecta a miles de hondureños que viven y trabajan en Estados Unidos bajo esta protección migratoria temporal. Sin embargo, las autoridades hondureñas subrayaron que este fallo representa una instancia procesal dentro de un litigio más amplio, y que aún resta seguir la vía judicial antes de que se emita una sentencia firme.
El TPS es un programa humanitario que permite a personas de países en crisis, como Honduras, residir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin riesgo inmediato de deportación. La suspensión del TPS fue autorizada por una corte de apelaciones pese a gestiones diplomáticas recientes, y plantea incertidumbre legal y social para más de 80,000 beneficiarios hondureños, nicaragüenses y nepalíes, según informes.
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La Cancillería hondureña enfatizó en su pronunciamiento que la decisión de la corte no constituye una sentencia final y que se mantiene abierta la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores, incluso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, destacó que los beneficiarios del TPS han cumplido con todos los requisitos legales del programa, subrayando su trayectoria de conducta legal intachable.
Organizaciones de derechos de migrantes y grupos sociales han advertido que la cancelación de este estatus puede tener efectos negativos sobre miles de familias que han construido vidas, empleo y comunidades en Estados Unidos durante décadas bajo el amparo del TPS, aunque el fallo judicial opina que el gobierno estadounidense puede justificar su posición legalmente.
Fuente: DW.
Imagen: Getty Images/AFP/B. R. Smith.
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