Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas detenidas reclamaron a la Fiscalía General de la República de El Salvador que investigue las muertes ocurridas en centros penitenciarios durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La defensora Ivania Cruz, fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, sostuvo que al menos 547 personas murieron en prisión, según registros de Socorro Jurídico Humanitario. La organización también afirma que una amplia mayoría de los fallecidos no tenía antecedentes vinculados con pandillas.
Cruz cuestionó además la falta de información sobre las causas de las muertes y pidió identificar a los responsables de posibles abusos dentro de las cárceles. Según su denuncia, presentó pedidos ante Medicina Legal para acceder a los registros, pero el organismo indicó que necesitaba autorización de la Fiscalía.
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Los reclamos se intensificaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con concentraciones de familiares que exigieron información sobre sus seres queridos. El Movimiento Madres por la Libertad reclamó pruebas de vida y mayor acceso a las personas detenidas bajo el régimen excepcional.
Entre las denunciantes se encuentra Eneida Abarca, de la iniciativa Alerta Carlos El Salvador, quien afirmó que su hijo desapareció el 1 de enero de 2022. La organización cuestionó la reserva oficial sobre las cifras de personas desaparecidas y sobre posibles cementerios clandestinos.
El régimen de excepción impulsado durante el Gobierno de Nayib Bukele acumula decenas de prórrogas y ha sido objeto de denuncias de organizaciones de derechos humanos. Los familiares y entidades defensoras reclaman que las autoridades investiguen las denuncias, esclarezcan las muertes y desapariciones y garanticen el acceso a la verdad y la justicia.
Imagen: EFE
