El interventor de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Juan Manuel Ibáñez, afirmó que la prórroga de la intervención judicial hasta el 9 de febrero de 2027 permitirá continuar con el ordenamiento económico y la ejecución de obras pendientes. En diálogo con Radio 3 AM 780, sostuvo que la gestión busca resolver problemas históricos y mejorar los servicios para los vecinos.
“Nos propusimos hacer un trabajo por ahí sin muchas estridencias, con perfil bajo, tratando en lo mejor posible de mostrar gestión y especialmente resolver cuestiones que venían de muchos años”, expresó Ibáñez. También señaló que, con el avance de la intervención, comprendieron que era fundamental escuchar a los usuarios: “Escuchar es el primer paso para poder entenderlos y, a partir de eso, resolver los problemas”.
Entre los trabajos realizados, destacó la repotenciación eléctrica del hospital Santa Teresita, una obra ejecutada junto con la Provincia que permitirá utilizar equipamiento como el quirófano, la sala de esterilización y el resonador. Según explicó, se trataba de una carencia de más de diez años y los trabajos incluyeron el recambio de tableros eléctricos principales y seccionales. También mencionó la renovación de bombas de agua y de la toma principal, además de mejoras en iluminación y en espacios comunitarios.
MIRÁ TAMBIÉN:El Banco del Chubut acompaña el Día de la Madre con beneficios en comercios
En materia financiera, Ibáñez aseguró que la cooperativa avanzó en la reducción del déficit y en la regularización de sus cuentas. Indicó que estaban terminando el balance al 31 de mayo de 2026 y que esperaban un resultado positivo. “Una cooperativa más fuerte, una cooperativa potente, es la manera de defender el sector cooperativo”, afirmó. Además, destacó que se logró acordar el pago corriente de la energía consumida por una cooperativa vecina, una deuda que, según describió, durante años había sido afrontada por usuarios de Rawson.
Respecto de las obras de redes eléctricas en sectores como YAC-12, Apóstoles y Macizo 28, el interventor reconoció demoras y explicó que existen tareas pendientes que corresponden al Municipio, como la apertura de calles, además de la necesidad de contar con los fondos aportados por los vecinos. “En cuanto nos resuelvan eso, nosotros podemos seguir adelante y en dos semanas terminar las obras”, aseguró. Agregó que el diálogo con el Ejecutivo municipal es semanal, aunque admitió que la coordinación entre ambas partes puede mejorar.
Ibáñez también advirtió sobre las dificultades que generan los loteos entregados sin servicios básicos, una situación que obliga a la cooperativa a responder a demandas de agua, energía y cloacas. Señaló que se trabaja en proyectos para reducir la distribución de agua mediante camiones y avanzar con tanques cisterna de reserva en distintos barrios. Sin embargo, aclaró que esas iniciativas necesitan financiamiento y planificación conjunta: “Con la tarifa no alcanza” para afrontar las ampliaciones de infraestructura necesarias.
MIRÁ TAMBIÉN: Puerto Madryn aclaró que no está prohibido ingresar al mar
Sobre las deudas y los recursos pendientes de cobro, indicó que la principal obligación relevante de la entidad corresponde a la compra de energía y que trabajan con otras distribuidoras para acceder a mecanismos de compensación previstos por la legislación. Por otra parte, estimó que el programa de usuarios electrointensivos acumula alrededor de $400 millones pendientes de cobro al Municipio, correspondientes a consumos de invierno durante aproximadamente tres meses. Según sostuvo, recuperar esos fondos permitiría impulsar nuevas inversiones, entre ellas la posible compra de un camión con hidroelevador para la guardia.
Finalmente, el interventor no descartó solicitar una actualización tarifaria, aunque condicionó esa posibilidad a la presentación de obras específicas y mecanismos de control. “Si nosotros llegamos a pedir una actualización tarifaria, va a ir con un detalle de qué se va a hacer con esa plata también”, remarcó. La prórroga dispuesta por el juez federal Hugo Ricardo Sastre hasta el 9 de febrero de 2027 establece la continuidad del proceso de normalización, mientras permanecen pendientes cuestiones como la compensación de deudas con CAMMESA, la definición del contrato de concesión y la sustentabilidad del esquema tarifario.
