La administración de Javier Milei implementa decretos que buscan mayor control sobre los fondos públicos utilizados por las universidades, en medio de tensiones con la UBA y otras casas de estudio.
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En un giro significativo hacia la transparencia en el uso de los fondos públicos, el gobierno de Javier Milei anunció una serie de decretos que reforman el sistema de gestión económica y financiera de las universidades públicas. Estas medidas incluyen la adopción obligatoria de sistemas nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el e-SIDIF, así como la eliminación de convenios interadministrativos directos, buscando evitar irregularidades como las detectadas en auditorías recientes.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, destacó que estos cambios se enmarcan en la política de transparencia del gobierno, sin avanzar sobre la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional. Según el funcionario, los nuevos sistemas permitirán un seguimiento exhaustivo de las compras, contrataciones y transferencias realizadas por estas instituciones, garantizando que los fondos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Uno de los puntos clave de estas reformas es la restricción de los convenios interadministrativos, tras detectarse 2.400 acuerdos multimillonarios con irregularidades en los últimos dos años. «Queremos eliminar vías de gasto poco transparentes y establecer condiciones igualitarias para las contrataciones», afirmó Fariña. Las universidades, sin embargo, conservarán su autonomía en la ejecución presupuestaria, siempre dentro del marco de la Ley de Administración Financiera.
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A pesar de estas iniciativas, las tensiones con la Universidad de Buenos Aires (UBA) han escalado, ya que la institución ha resistido la implementación de estos cambios y otras medidas como el sistema de créditos universitarios. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, señaló que, aunque 35 universidades ya se han adaptado a los nuevos sistemas, la UBA representa un desafío por su resistencia a cumplir con los marcos legales vigentes.
En el contexto de estas reformas, una auditoría reciente reveló inconsistencias en los datos de inscripción de la UBA, con un 25% de los estudiantes registrados sin actividad académica verificable. El gobierno enfatizó que estos cambios buscan mejorar la eficiencia y garantizar que los recursos públicos destinados a la educación superior sean utilizados de manera adecuada.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
