La Fiscalía colombiana acusó a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco de liderar una red de corrupción para direccionar millonarios contratos públicos a legisladores aliados durante el gobierno de Petro.
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La Fiscalía General de Colombia imputó este lunes a los exministros Ricardo Bonilla —Hacienda— y Luis Fernando Velasco —Interior— por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y celebración irregular de contratos, en el marco de uno de los escándalos de corrupción más graves que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Según el ente acusador, ambos exfuncionarios habrían articulado un “pacto criminal” para entregar contratos estatales a congresistas a cambio de respaldo político a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La acusación formal se conoció en plena campaña presidencial rumbo a las elecciones de 2026, en las que la coalición de izquierda aparece como favorita en los sondeos. El caso, sin embargo, reconfigura el panorama político y coloca nuevamente en el centro del debate el manejo de recursos públicos durante la actual administración.
De acuerdo con la investigación, los contratos cuestionados surgieron de 79 proyectos asociados a dos organismos estatales: uno destinado a la atención de emergencias y otro encargado de obras viales. El monto total comprometido supera los 163 millones de dólares, pero solo siete contratos fueron efectivamente ejecutados, lo que profundiza las sospechas sobre desvíos y manejos irregulares.
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El escándalo se enmarca dentro del caso conocido como la trama de corrupción de la UNGRD, destapado tras revelaciones periodísticas sobre sobreprecios en camiones cisterna destinados a transportar agua al desierto de La Guajira. Esta red salpica a funcionarios de alto rango, congresistas y empresarios involucrados en la cadena de contratación.
Bonilla había renunciado a su cargo en diciembre de 2024, luego de que se filtrara que estaba al tanto del desvío de 200.000 dólares vinculados a tres contratos investigados. Velasco, por su parte, abandonó el gabinete meses antes, en junio del mismo año, durante una de las reestructuraciones ministeriales del gobierno Petro.
La imputación abre la posibilidad de que ambos exministros enfrenten penas de entre 17 y 45 años de prisión. Mientras avanza la audiencia judicial, el caso se convierte en un punto crítico para el oficialismo, que intenta sostener su agenda de reformas en medio de un creciente desgaste político y mediático.
Fuente: DW
Foto: Archivo
