El juez Juan Carlos Peinado decidió continuar con la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una causa que abarca presuntos delitos de corrupción y malversación. En una resolución firmada el 4 de noviembre, a la que tuvo acceso la agencia EFE, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por las defensas y la Fiscalía, y resolvió ampliar las imputaciones.
La medida también alcanza a otras tres personas: la asesora de Gómez, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, el juez imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. González Pedraz deberá declarar ante el tribunal el próximo 12 de noviembre.
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En el auto, Peinado sostiene que existen indicios suficientes para mantener abierta la causa y argumenta su decisión apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la administración desleal de fondos públicos. En particular, cita la sentencia del procés redactada por el magistrado Manuel Marchena como base jurídica para sostener la tipificación penal.
El juez señala que “la deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación”, incluso en ausencia de un perjuicio económico directo. Según su razonamiento, destinar fondos públicos al pago de una persona que combina tareas oficiales con actividades privadas podría encuadrarse dentro de esa figura penal.
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La investigación judicial mantiene en tensión al Gobierno español, ya que involucra a figuras cercanas al presidente y a su entorno institucional. La comparecencia de González Pedraz y el avance del proceso podrían tener repercusiones políticas en las próximas semanas.
Fuente: EFE.
