Yoon Suk-yeol, bajo arresto desde el 15 de enero, enfrenta graves acusaciones por declarar la ley marcial en diciembre. La Fiscalía podría pedir cadena perpetua o pena de muerte.
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Por primera vez en la historia de Corea del Sur, un presidente en ejercicio ha sido formalmente imputado por graves delitos. La Fiscalía del país acusó este domingo a Yoon Suk-yeol de liderar una insurrección y abusar de su poder tras haber declarado fugazmente la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La decisión llega a solo dos días de que venciera el período de detención preventiva de Yoon, que fue arrestado el 15 de enero mientras avanzaba una investigación penal liderada por la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO). Según este organismo, Yoon conspiró con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y altos mandos militares para desplegar tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de evitar que los diputados revocaran su decreto.
La Fiscalía ha fundamentado la imputación en pruebas documentales y testimonios que señalan al presidente como el principal responsable del motín. Si Yoon es declarado culpable de insurrección, podría enfrentar una cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque esta última no se ha aplicado en Corea del Sur desde 1997 debido a una moratoria.
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Además del proceso penal, el mandatario enfrenta un juicio político ante el Tribunal Constitucional, que evalúa ratificar o no su destitución aprobada por el Parlamento el pasado 14 de diciembre. En caso de confirmarse su inhabilitación, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo.
Mientras tanto, el arresto y la imputación del presidente han causado un terremoto político en el país, profundizando las divisiones en torno a su gestión. Analistas señalan que este caso podría marcar un antes y un después en la política surcoreana, poniendo en jaque la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.
Fuente: DW
Foto: Archivo
