El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se presentó a declarar el martes en la causa que investiga el vacunatorio VIP, admitiendo que autorizó “la vacunación de nueve personas” que se comunicaron directamente con su despacho.
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En ese grupo se encuentran figuras como los entonces diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky, y el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.
González García defendió su accionar, justificando que estas personas “cumplían con los requisitos para vacunarse según la resolución” 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación y que “habían fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales”. El ex ministro señaló: “Sólo autoricé la vacunación de 9 personas que lo solicitaron a través de mi secretaría privada”.
Entre los vacunados se encuentran Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes, según González García, eran personal estratégico por ser diputados nacionales y mayores de 60 años. Además, se sumó el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.
El ex ministro explicó: “Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex presidente de la Nación”. Junto con Duhalde, también se vacunaron sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. González García dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.
El escándalo del vacunatorio VIP, que permitió la vacunación de figuras públicas, ha generado una gran controversia en el país. Se ha cuestionado el acceso preferencial de algunas personas a las vacunas contra el COVID-19. El ex ministro argumentó que los vacunados cumplían con los criterios de la resolución 2883/20, que definía la vacunación escalonada y priorizada.
Ginés González García está acusado de abuso de autoridad y peculado de bienes, ya que el retiro de 10 dosis de vacunas del Hospital Posadas y su posterior aplicación irregular podrían constituir delitos. El exfuncionario reconoció: “Ese ínfimo número de personas comprendidas por mi autorización de vacunación se comunicaron a mi despacho manifestando haber fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales, y probando cumplir con el requisito de edad de su vacunación, que estaba habilitado como grupo priorizado”.
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La jueza Capuchetti tiene 10 días hábiles para decidir si dicta o no procesamientos en la causa. Anteriormente, ya habían sido indagados otros funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas.
Fuente: Infobae.
Foto: Bolavip.
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