El Ministerio de Salud inició el proceso de auditoría de pensiones no contributivas por invalidez laboral, enviando cartas documento a beneficiarios de seis provincias, con el objetivo de asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
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El Ministerio de Salud de la Nación comenzó el miércoles el envío de las primeras 300.000 cartas documento a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) en las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Esta medida forma parte del proceso de auditoría de más de un millón de pensiones que el Gobierno ha decidido llevar a cabo para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
La auditoría, que tiene como objetivo reducir las irregularidades en la asignación de pensiones, podría generar un ahorro estimado de 900.000 millones de pesos este año. En esta primera fase del proceso, los beneficiarios recibirán una notificación en la que se les solicita presentarse para una evaluación médica con un profesional de PAMI. Allí, deberán entregar la documentación correspondiente y someterse a los controles pertinentes. Posteriormente, los especialistas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analizarán los antecedentes y emitirán dictámenes sobre la continuidad del beneficio.
La asistencia a estas citaciones es obligatoria. Quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, enviando un correo electrónico a [email protected] o contactándose a través del chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010), proporcionando la documentación respaldatoria y copia del DNI.
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El proceso de auditoría comenzó en 2024, luego de detectar irregularidades en la asignación de pensiones. Según datos oficiales, de las 22.417 pensiones revisadas en el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales establecidos. Se identificó que 150 personas fallecidas y 212 presos seguían cobrando la pensión, además de que en octubre se detuvo a 14 prófugos de la justicia que recibían este beneficio.
La implementación de este plan de auditoría se lleva a cabo en colaboración con PAMI y ANDIS, quienes firmaron acuerdos específicos para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos necesarios para dar de baja aquellos beneficios irregulares.
Este proceso se desarrollará de forma escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Se espera que la auditoría de todas las pensiones activas se complete en la primera mitad de 2025.
Fuente: Infobae
Foto: Argentina.gob
