Foto de archivo.
El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, dialogó con Radio 3 e indicó que buscan establecer si los informes elaborados por distintos profesionales reflejaban correctamente la situación del menor antes de que la Justicia resolviera su revinculación.
La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia continúa avanzando y ya no solo apunta a la responsabilidad penal de la madre del niño y su pareja, imputados por el homicidio, sino también al accionar de los funcionarios que participaron en el proceso judicial que permitió la revinculación del menor con su progenitora. Así lo confirmó el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, en diálogo con Radio 3.
Olazábal explicó que actualmente el Ministerio Público Fiscal lleva adelante dos investigaciones paralelas. «Tenemos dos causas: una, que ya es de público conocimiento, donde están procesados la progenitora y su pareja por el homicidio de Ángel; y otra que se inició a partir de una denuncia presentada por la asociación Más Vida para determinar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público», detalló.
La segunda causa está a cargo del fiscal Martín Cárcamo y busca establecer si los informes elaborados por distintos profesionales reflejaban correctamente la situación del menor antes de que la Justicia resolviera su revinculación. «Lo que pudimos establecer, obviamente a partir de este suceso fatal, es que esos informes habrían volcado una realidad que no se compadece con lo que efectivamente sucedió. Esa es la cuestión que hoy se está investigando», sostuvo el jefe de fiscales.
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Respecto de quiénes son los investigados, Olazábal indicó que la denuncia original menciona a la psicóloga Jennifer Leiva, a la asesora de Familia, Verónica, Roldán y al juez de Familia, Pablo Pérez. Sin embargo, aclaró que la pesquisa podría ampliarse. «No está delimitada solamente a las personas denunciadas, sino que hay que hacer un análisis integral del expediente y determinar qué aporte tuvo cada uno para que finalmente se adoptara la decisión de revincular al niño con su madre», afirmó.
El funcionario judicial precisó además que los profesionales señalados continúan desempeñando sus cargos mientras avanza la investigación. Explicó que una eventual suspensión no depende del Ministerio Público Fiscal, aunque advirtió que, de reunirse pruebas suficientes, la causa podría derivar en sanciones penales. «La Fiscalía procurará, si corresponde, una condena con pena privativa de la libertad y, particularmente, la inhabilitación absoluta, que es la sanción más severa prevista para este tipo de delitos», expresó.
Finalmente, Olazábal señaló que el fiscal Martín Cárcamo continúa reuniendo elementos en la causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, mientras que él acompaña la investigación principal por el homicidio. En ese expediente, agregó, también aguardan el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, solicitado en el marco de las presentaciones realizadas por la defensa de los imputados.
