El pasado 28 de diciembre, la fiscal María Bottini presentó un escrito a la Oficina Judicial solicitando que se fije una audiencia de formalización de la investigación. La magistrada comunicará allí el hecho que involucra a una juez civil, un abogado y un particular.
En la audiencia se comunicará el hecho que se investiga a las personas involucradas, dándoles la posibilidad de comenzar a ejercer formalmente el derecho a defensa. Del mismo modo otorga la posibilidad a la parte damnificada a constituirse como querellante autónomo y realizar las presentaciones que considere pertinentes en el proceso penal.
A partir de este acto formal, la Fiscalía avanzará con la producción de la prueba que requiera la investigación así como la ofrecida por la defensa. Una vez que se cuente con todos esos elementos evaluará si se presenta la acusación pública o corresponde solicitar al juez el sobreseimiento de alguno o de todos los imputados.
Que se investiga
Hay tres expedientes laborales, donde el abogado imputado era el letrado representante del trabajador que demandaba al establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico que se encontraba en funcionamiento en Gobernador Costa. Se embargaron bienes que no pertenecían a esa sociedad y que tenían un valor muy superior a las deudas de esta sociedad con los demandantes. Ese bien fue subastado y adquirido por el coimputado por un valor muy bajo y luego vendido por él a un valor cercano al de mercado.
A la jueza se le reprocha que, puesta en conocimiento de la existencia de situaciones irregulares por el abogado del denunciante, no formuló la denuncia siendo funcionaria pública. Por ello se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes.
