Organizaciones de derechos humanos denuncian que autoridades iraníes exigen a familiares de manifestantes encarcelados participar en actos oficiales y enviar pruebas en video. En paralelo, Donald Trump advirtió que activará una “fase muy dura” si no hay acuerdo nuclear.
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Las autoridades iraníes habrían ofrecido a familias de manifestantes detenidos una alternativa que organizaciones de derechos humanos califican como coercitiva: demostrar lealtad pública al régimen o arriesgar la situación judicial —e incluso la vida— de sus seres queridos. La denuncia fue difundida por Bazdasht Shodegan, agrupación integrada por ex prisioneros iraníes.
Según la organización, los contactos provinieron del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y del Ministerio de Inteligencia. El mensaje habría sido claro: asistir a las marchas convocadas por el 47° aniversario de la Revolución Islámica, grabar videos que acrediten la participación y enviarlos a los servicios de seguridad. Para los activistas, se trata de “un ciclo completo de tortura mental y física”.
Diversas ONG documentaron que más de 12.000 personas fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales registradas en enero. La presión sobre familiares no sería un fenómeno nuevo, sino una práctica reiterada para disuadir la disidencia. De acuerdo con los denunciantes, la liberación, reducción de condenas e incluso la revisión de sentencias a muerte estarían condicionadas a la participación activa y visible en actos organizados por el Estado.
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Además de la presencia en marchas oficiales, los familiares habrían recibido instrucciones específicas para que los videos exhibieran expresiones explícitas de “lealtad”. Estos materiales, junto a retractaciones públicas de figuras conocidas, son difundidos por medios estatales como prueba de respaldo popular al régimen.
Uno de los episodios más resonantes es el del empresario Mohamed Saedinia, dueño de una cadena de confiterías en Teherán. Tras expresar apoyo a las protestas y cerrar sus locales en señal de respaldo, fue detenido junto a su hijo. Según reportes, se les advirtió sobre posibles confiscaciones de bienes en caso de condena.
Esta semana, la agencia semioficial Fars publicó una declaración atribuida a Saedinia en la que pedía disculpas y anunciaba su participación en la marcha oficial, afirmando: “Mostraremos nuestra obediencia a nuestro amado líder y nuestro rechazo a la criminal América”. Organizaciones de derechos humanos consideran estas retractaciones como actos forzados destinados a humillar e intimidar.
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En paralelo a la situación interna, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Teherán en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo nuclear. Tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que, si no se concreta un pacto, su gobierno avanzará hacia una “segunda fase” que describió como “muy dura”.
“Hablaré con ellos todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, afirmó Trump en conferencia de prensa. El mandatario sostuvo que alcanzar un acuerdo es imprescindible y recordó operaciones militares previas contra instalaciones nucleares iraníes.
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Las negociaciones se reanudaron recientemente tras la guerra de doce días registrada en junio del año anterior entre Irán e Israel, conflicto que incluyó bombardeos estadounidenses sobre infraestructura nuclear iraní. Mientras Israel exige restricciones más amplias que incluyan misiles balísticos y apoyo a milicias regionales, Teherán insiste en que solo aceptará límites a su programa nuclear a cambio de un alivio significativo de sanciones.
En este contexto, la presión interna denunciada por activistas y el endurecimiento del escenario internacional configuran un panorama de alta tensión política para el régimen iraní.
Fuente y foto: Infobae
