El oficialismo formalizó hoy en la Cámara de Diputados la convocatoria para avanzar con el proyecto de ley impulsado por el gobierno, que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, mientras crece la resistencia dentro del Poder Judicial, cuyos integrantes adelantaron que de aprobarse presentarán recursos por inconstitucionalidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos), formalizó hoy la convocatoria al plenario de comisiones que el miércoles 26 comenzará a debatir el proyecto sobre las jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos.
La presidencia de la Cámara convocó al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para ese día a las 14, en tanto que ésta última se reunirá media hora antes para elegir a sus nuevas autoridades.
Puja por los tiempos legislativos del proyecto
Fuentes del oficialismo parlamentario anticiparon también que, en caso de que el proyecto obtenga dictamen de comisión el miércoles, un día después, a las 12, se realizará la sesión especial para intentar darle media sanción.
Los tiempos del Frente de Todos son resistidos por bloques opositores, principalmente el de Juntos por el Cambio, que rechazaron «un trámite exprés del proyecto» y pidieron la asistencia en las comisiones de funcionarios, de asociaciones judiciales, de diplomáticos y de gremialistas, entre otros.
Malestar en el Poder Judicial
En ese sentido, el oficialismo le garantizó a los bloques opositores que el debate en comisión será «con amplitud de participantes y con la extensión que sea necesaria para garantizar una buena ley».
Entre los asistentes habrá funcionarios, representantes de asociaciones de la Justicia y de la diplomacia, gremialistas y especialistas en temas previsionales, entre otros.
A medida que el tratamiento del proyecto avanza en el Parlamento, crece el malestar en distintos ámbitos del Poder Judicial, desde donde rechazan la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández y la consideran inconstitucional.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) alertó hoy sobre una «abrumadora presentación de renuncias», como consecuencia de la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley.
«No podemos dejar de señalar las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de Justicia, producto de la abrumadora presentación de renuncias de los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales y Federales», sostuvo Affun, en un comunicado que envió a sus socios.
En ese texto apoyó la decisión de jueces y fiscales de «acogerse al beneficio jubilatorio en vigencia» debido a la «incierta situación que provoca el texto pretendido por el Poder Ejecutivo Nacional».
A través de ese comunicado, la asociación -encabezada por el fiscal federal Carlos Rívolo- le informó a sus socios que «se están realizando gestiones a fin de tener participación en las distintas comisiones de ambas Cámaras del Congreso para clarificar diversos aspectos técnicos que han sido erróneamente plasmados y que meritan ser determinantemente considerados previo a su tratamiento en el plenario».
Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a Télam que desde que se conoció el proyecto, al menos 17 fiscales presentaron su renuncia y una cifra más grande comenzó a hacer consultas en la misma dirección.
También se conoció hoy un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que expresó su «grave preocupación» frente al proyecto, por el carácter «insconsulto» de la reforma y porque parte de la «premisa errónea» de que se trata de jubilaciones de privilegio.
Además, los miembros de la Cámara recordaron que «la intangibilidad de los sueldos de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial» y señalaron que ese principio cabe extenderlo a los jueces y fiscales jubilados.
También advirtieron las máximas autoridades del fuero laboral que «otorgar cualquier carácter retroactivo a la futura ley, afectará derechos adquiridos en colisión con lo normado en el artículo 17 de la Constitución».
En el mismo sentido, anticiparon que habrá «un vaciamiento» de la justicia por las renuncias masivas de jueces y fiscales que ya están en edad de jubilarse y que iniciarán el trámite antes de la sanción para no perder en el cálculo de sus haberes, que hoy se fija en el 82 por ciento pero que la ley bajará.
En tanto, las críticas a los cambios en las jubilaciones de los diplomáticos llegaron en los últimos días de parte de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), quien difundió una carta abierta dirigida al canciller Felipe Solá en la que expresó que la iniciativa «afecta sustancialmente al régimen específico del Servicio Exterior de la Nación y a sus potenciales beneficiarios».
Hoy, Solá -en declaraciones a la prensa luego de encabezar el acto por el Día de la Antártida- consideró que el proyecto «no alterará demasiado la situación» de los diplomáticos.
«Se ha creado un régimen que no creo que altere demasiado la situación que tienen en este momento (los miembros del servicio exterior); si se lo lee bien va a ser muy parecido y puede ser mejor que el actual; se baja de 85 a 82 puntos y se aumenta el aporte de 11 a 18 puntos», graficó Solá.
