Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19. El caso podría sentar un precedente legal en Argentina, dado que enfrenta la protección otorgada por la Ley 27.573 a las farmacéuticas.
La Ley 27.573, sancionada en octubre de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, exime a las empresas farmacéuticas de responsabilidad civil directa por efectos adversos de las vacunas contra COVID-19. En su lugar, los afectados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo limitado a casos graves y científicamente comprobados.
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El jubilado mendocino, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y daño punitivo contra AstraZeneca. Según la demanda, las secuelas le impiden realizar actividades cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar.
El caso también busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.
En paralelo, existen casos similares a nivel internacional y nacional. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca. En Argentina, se tramitan demandas por secuelas graves como síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
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El laboratorio ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque asegura que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.
Expertos legales advierten que la causa del jubilado podría convertirse en un caso testigo, no solo por el alto monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
