El juez federal James Boasberg encontró «causa probable» para declarar en desacato criminal a funcionarios de la administración de Donald Trump, luego de que el gobierno ignorara una orden judicial que impedía la deportación de migrantes venezolanos señalados como presuntos pandilleros. La polémica gira en torno a expulsiones realizadas sin que los migrantes pudieran defenderse ante la justicia.
La orden, emitida el pasado 15 de marzo, prohibía al gobierno deportar a los ciudadanos venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Sin embargo, dos vuelos con deportados ya se dirigían a El Salvador al momento del fallo. Los migrantes terminaron bajo custodia en un centro de alta seguridad en ese país, lo que para el juez Boasberg constituye una grave violación judicial.
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Desde la administración Trump se defienden alegando que los migrantes ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense al momento de la orden, y que el juez no tiene autoridad para forzar su retorno. Aun así, la situación se agravó cuando el secretario de Estado Marco Rubio compartió en redes sociales un mensaje del presidente salvadoreño Nayib Bukele que decía: «Ups… demasiado tarde».
El caso provocó la reacción del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien criticó públicamente la propuesta de Trump de iniciar un juicio político contra Boasberg, recordando que los mecanismos institucionales para impugnar decisiones judiciales son las apelaciones, no los impeachments.
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Esta situación se suma a una larga lista de más de 150 impugnaciones legales que enfrenta la administración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. Para analistas legales, el fallo de Boasberg marca el punto más tenso hasta ahora en la confrontación entre el poder judicial y el ejecutivo en esta nueva etapa del gobierno.
Fuente: Reuters.
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