En la novena audiencia del juicio, el Tribunal Oral Federal 7 escuchó las declaraciones de empresarios arrepentidos que describieron presuntas presiones, demoras intencionales en pagos y un entramado de coimas que habrían operado durante los gobiernos kirchneristas para financiar la política.
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La causa Cuadernos sumó este jueves un capítulo clave con la lectura de nuevas declaraciones que profundizan el mapa de presuntas irregularidades en la obra pública vial. En la novena audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, se revelaron testimonios de empresarios arrepentidos que describieron presiones, mecanismos de recaudación ilegal y exigencias económicas vinculadas a la asignación de contratos en el sector, presuntamente operadas desde el Ministerio de Planificación durante los gobiernos kirchneristas.
Uno de los aportes más contundentes fue el de Aldo Roggio, quien aseguró haber sufrido “aprietes” al rechazar pedidos de aportes para la política. El empresario relató que Julio De Vido le dijo: “No se puede hacer política sin plata”, y afirmó que, al no adherir al sistema, su compañía enfrentó demoras prolongadas en los pagos, falta de redeterminaciones de precios y trabas administrativas que afectaron seriamente el desarrollo de las obras adjudicadas. Roggio declaró que los pedidos de dinero surgían por parte de De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti, y que los pagos se canalizaban a través del financista Ernesto Clarens, por sumas que, estimó, totalizaron unos tres millones de dólares.
También se leyó la declaración de Carlos Wagner, considerado una pieza central de este tramo del expediente. El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción explicó que las empresas enfrentaban retrasos sistemáticos en los certificados de obra y redeterminaciones de precios, lo que generaba un ahogo financiero que solo podía destrabarse mediante pagos a Clarens. Según su testimonio, estos “aportes” eran variables, se entregaban en pesos y se mantuvieron al menos hasta 2011.
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Otro de los colaboradores, Ángelo Calcaterra, sostuvo que recurrió a Clarens para lograr el cobro de trabajos adeudados y que luego debió entregar dinero como retribución. Detalló además que su empresa fue marginada en reuniones del sector y que las adjudicaciones se concentraban en pocas firmas.
El financista Ernesto Clarens, señalado como el articulador del sistema, describió en detalle el mecanismo mediante el cual recolectaba dinero, lo cambiaba en casas de cambio y lo entregaba a López, quien mantenía contacto directo con los funcionarios encargados de aprobar pagos en Vialidad. Según Clarens, las empresas debían abonar el 3% para destrabar certificaciones, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad acumulaba deudas “tan grandes que López inventó un sistema” para limitar la producción y evitar una mayor mora.
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En cuanto al rol de los exfuncionarios, la audiencia avanzó sobre la declaración de José López, quien relató cómo funcionaba la distribución de pagos desde Vialidad y afirmó que Cristina Kirchner y Julio De Vido recibían mes a mes los listados de empresas que cobrarían. López también mencionó una entrega de alrededor de 8 millones de dólares en el departamento de la entonces senadora en 2007, presuntamente destinados a la campaña electoral.
Este tramo del juicio involucra a Cristina Kirchner y a exfuncionarios como De Vido y López, además de más de 40 empresarios acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos. Las declaraciones continuarán en las próximas audiencias, mientras el tribunal avanza en la reconstrucción del circuito financiero que, según la acusación, movió millones de dólares de la obra pública.
Fuente y foto: TN
