El fondo litigante anticipó que solicitará sanciones contra el Estado argentino ante la jueza Loretta Preska por no entregar comunicaciones de funcionarios en el marco de la causa por la expropiación de YPF.
MIRÁ TAMBIÉN | Una nena de 12 años fue herida por una bala perdida en Ramos Mejía
Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, anticipó que solicitará a la jueza federal Loretta Preska que declare al país en desacato y avance con sanciones. La presentación se apoya en la supuesta falta de cumplimiento del Estado argentino en la entrega de correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios actuales y de la administración anterior.
Según un informe de la consultora Latam Advisors, los acreedores de la sentencia notificaron a la magistrada su intención de avanzar con un pedido formal de sanciones y desacato, al considerar que la Argentina omitió presentar comunicaciones “off-channel” que, de acuerdo con el Gobierno, no están bajo su control. Burford solicitó además un cronograma de presentaciones que se extendería desde el 15 de enero hasta el 5 de marzo de 2026, por lo que una definición judicial difícilmente llegue antes de fines de marzo.
Desde la defensa argentina se opusieron al cronograma propuesto y argumentaron que los demandantes buscan abrir una audiencia probatoria prematura y sin límites claros. Según la posición oficial, Burford no precisó el alcance del pedido, las cuestiones a debatir ni los posibles testigos involucrados en ese procedimiento.
MIRÁ TAMBIÉN | Los atraparon dentro de una vivienda deshabitada en Comodoro
La causa se desprende del fallo dictado por Preska hace dos años, que condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF, monto que con intereses ya supera los USD 18.000 millones. Si bien esa sentencia fue apelada y tuvo audiencia en octubre, el sistema judicial estadounidense permite avanzar con la ejecución mientras el recurso sigue en trámite, lo que habilitó a Burford a impulsar distintas acciones para intentar cobrar.
En ese marco, el fondo buscó quedarse con el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF y también avanzar con la teoría del “alter ego”, para demostrar que la empresa y el Gobierno argentino actúan como una misma entidad. Como parte de esa estrategia, solicitó el acceso a comunicaciones personales de funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual canciller Pablo Quirno, a quienes señala como los principales incumplidores del requerimiento.
La Argentina sostuvo que esas comunicaciones son de carácter personal y que, bajo el derecho estadounidense, solo puede exigirse documentación que esté en “posesión, custodia o control” del requerido, condición que —según la Procuración del Tesoro— no se cumple en el caso de dispositivos privados de funcionarios. Además, argumentó que la legislación local protege la inviolabilidad de esas comunicaciones.
MIRÁ TAMBIÉN | Casi 100 conductores alcoholizados fueron detectados en controles
Expertos en la causa advierten que aún no está claro qué tipo de sanciones podría solicitar Burford, aunque el abanico es amplio y va desde multas hasta restricciones migratorias para funcionarios que se nieguen a colaborar. La jueza Preska deberá evaluar la solicitud concreta cuando sea presentada formalmente.
El eventual fallo adquiere relevancia adicional porque coincidiría con la realización de la Argentina Week en Nueva York, un evento clave en Wall Street que contará con la presencia del presidente Javier Milei y que apunta a mostrar la nueva agenda económica del país. Una declaración de desacato por parte de la justicia estadounidense podría convertirse en un fuerte obstáculo para esa estrategia ante los principales inversores internacionales.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
