En el marco del millonario juicio por la expropiación de YPF, los demandantes solicitarán sanciones contra el país por presuntos incumplimientos en la entrega de comunicaciones de funcionarios. El Gobierno apuesta a una apelación clave para frenar la ofensiva.
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Se abre un nuevo capítulo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por 16.100 millones de dólares más intereses. Este jueves, los beneficiarios del fallo presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para que declare al país en desacato y evalúe la aplicación de sanciones, en medio de una fuerte disputa por el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios.
El planteo será impulsado por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, quienes sostienen que la Argentina incumplió una orden judicial vinculada al proceso de discovery. Según argumentan, el Estado no habría entregado en tiempo y forma correos electrónicos y mensajes de servicios como WhatsApp pertenecientes a funcionarios y exfuncionarios, lo que —a su criterio— justificaría sanciones.
Desde la defensa argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro, rechazaron de plano la acusación de desacato. Fuentes oficiales aseguraron que “la República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes” y remarcaron que no puede haber ninguna declaración de ese tipo hasta que se respete plenamente el derecho de defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión.
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El conflicto gira en torno a una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de funcionarios actuales y de gestiones anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento, aunque al 12 de enero aún restaban seis funcionarios que no habían entregado el material solicitado. Para los demandantes, ese punto es clave para sostener el incumplimiento; para el Gobierno, se trata de comunicaciones de carácter personal protegidas por la Constitución.
En paralelo, la Argentina apuesta fuerte a una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, donde cuestiona la legalidad de la orden que exige revisar dispositivos y cuentas personales. El Gobierno sostiene que esa medida es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense y busca que sea revocada, lo que debilitaría el principal sustento del pedido de sanciones.
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Detrás del intercambio de escritos se juega un objetivo de mayor alcance. Los fondos intentan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado. Si lograran demostrarlo, podrían avanzar con embargos sobre activos de esas entidades para ejecutar la sentencia. Por eso, consideran central acceder a comunicaciones internas que, según afirman, revelarían cómo se toman y ejecutan decisiones dentro del sector público.
El calendario procesal ya está definido. Tras la presentación de los demandantes, la respuesta argentina llegará el 19 de febrero y la contrarréplica quedó fijada para el 5 de marzo. Luego, en audiencias previstas para fines de ese mes, la jueza Preska resolverá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones. Mientras tanto, la apelación principal contra el fallo por la expropiación de YPF continúa su curso y se mantiene como la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución.
Fuente: TN
Foto: Archivo
