El exministro de Planificación Federal reclamó que se lo desligue de las acusaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de 11 cargamentos de gas natural licuado. La defensa cuestionó con dureza a la fiscalía y sostuvo que no se probó ningún perjuicio al Estado.
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El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, solicitó su absolución en el juicio oral que lo tiene como imputado por presuntas irregularidades en la adquisición de once buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. Durante una audiencia virtual ante el Tribunal Oral Federal N° 7, su defensa aseguró que “es la única salida justa y reparadora al desastre judicial de todo este proceso”.
De Vido está acusado junto a su exmano derecha en el ministerio, Roberto Baratta, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La fiscal Fabiana León pidió para el exministro una condena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que para Baratta solicitó cuatro años y seis meses, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y la restitución de más de 5,5 millones de dólares.
En su alegato, el abogado defensor Maximiliano Rusconi afirmó que la acusación fiscal mostró “un absoluto fracaso”, al remarcar que “Julio De Vido no violó ningún deber a su cargo” y que tampoco se comprobó la existencia de un daño patrimonial. Su colega, Gabriel Palmeiro, apuntó que el proceso buscó sostener imputaciones infundadas y recordó que, en una etapa previa de la causa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios fueron sobreseídos por falta de mérito tras detectarse peritajes falsos.
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La causa se centra en once operaciones de compra de GNL en el marco del Programa Energía Total, que comenzó en 2007 para enfrentar la crisis energética. Seis cargamentos fueron gestionados por YPF y adquiridos a Repsol por casi 268 millones de dólares, mientras que otros cinco se realizaron a través de las firmas Diligentia y Dysan, por más de 112 millones. La fiscalía sostiene que se pagaron comisiones por 5,5 millones de dólares sin justificación técnica ni contractual, lo que configuraría un accionar corrupto.
El Tribunal, presidido por Enrique Méndez Signorini, pasó a un cuarto intermedio hasta el 23 de septiembre, cuando se prevé la reanudación de las audiencias y la inminente definición del juicio.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
