La acusada, de 25 años, llegó a juicio oral por un episodio denunciado en marzo de 2025, en el que habría amenazado a otra mujer a través de WhatsApp. La Fiscalía pidió que sea declarada penalmente responsable y la defensa solicitó su absolución.
Una joven de 25 años fue sometida a un juicio oral y público en Sarmiento, acusada del delito de amenazas simples en el marco de un conflicto familiar. El debate estuvo a cargo de la procuradora Luciana Coppini y el funcionario de Fiscalía Matías Ayuzo, mientras que la resolución quedó en manos del juez penal Ariel Quiroga.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 11 de marzo de 2025, cuando la imputada habría utilizado WhatsApp para amenazar a otra mujer. La investigación vinculó el episodio con dificultades de convivencia y disputas dentro del ámbito familiar. Por tratarse de una causa de violencia familiar, se reservaron las identidades completas de las personas involucradas.
Durante las audiencias, realizadas en la sala N.º 1 de la Oficina Judicial, declararon la víctima, familiares y personal policial de la Comisaría de la Mujer. Según sostuvo la Fiscalía, los testimonios permitieron respaldar la hipótesis acusatoria y acreditar los hechos atribuidos a la joven.
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En su alegato final, Coppini hizo referencia a las consecuencias que las amenazas habrían provocado en la víctima, entre ellas situaciones de angustia en sus ámbitos laboral y social. Por ese motivo, solicitó al magistrado que declare a la acusada autora penalmente responsable del delito imputado. En contraposición, la defensora pública Rosa Sánchez pidió la absolución de su asistida y cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas durante el debate.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, Quiroga dio por finalizada la etapa de juicio y anunció que dará a conocer su resolución el miércoles 21 de octubre, a las 12:30. Hasta entonces, la responsabilidad penal de la acusada permanece pendiente de definición judicial.
La causa llegó a juicio luego de que la joven hubiera recibido anteriormente el beneficio de la suspensión de juicio a prueba en otro expediente por lesiones y daño, tramitado en 2023. Según la información judicial, la normativa establece que este beneficio puede concederse por segunda vez únicamente cuando hayan transcurrido ocho años desde el vencimiento del plazo de la primera suspensión.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
