El ex jefe comunal de San Carlos de Bariloche, G.G., comenzó a ser juzgado por presunto peculado. Se lo acusa de haber desviado más de 100 millones de pesos del programa nacional de viviendas sociales “Techo Digno” durante 2016.
En San Carlos de Bariloche comenzó el juicio oral y público contra el ex intendente G.G., acusado de dos hechos que la Fiscalía calificó como peculado. Según la acusación, en 2016 habría dispuesto de manera irregular de fondos del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, que estaban destinados a la construcción de 871 viviendas en distintos barrios de la ciudad.
De acuerdo con la teoría fiscal, el ex funcionario autorizó dos transferencias bancarias por un total de 105 millones de pesos provenientes de convenios firmados con el Estado Nacional. Ese dinero, que había sido depositado en la cuenta oficial del municipio, habría sido retirado del circuito de control municipal y utilizado para la constitución de plazos fijos en una cuenta del Banco Credicoop, en lugar de aplicarse a los pagos de las obras o rendirse ante Nación.
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El Ministerio Público Fiscal señaló en su alegato inicial que el acusado “defraudó la confianza pública” y administró el patrimonio municipal “de modo arbitrario y en contradicción con la ley”, al poner esos fondos por fuera del destino específico previsto. Para los fiscales, las operatorias detectadas en enero y octubre de 2016 habrían afectado el normal desenvolvimiento de la administración pública local y vulnerado las reglas del programa habitacional.
La defensa particular del acusado rechazó esa lectura. Sostuvo que en el juicio no corresponde debatir sobre la utilización posterior de los fondos ni sobre eventuales litigios administrativos, y planteó que la Fiscalía no podrá probar que las maniobras mencionadas hayan interrumpido el funcionamiento del municipio o el control de los recursos. Además, afirmó que no existe el grado de certeza necesario para sostener la hipótesis de desvío criminal.
En la primera jornada declararon como testigos, de forma remota, ex y actuales funcionarias y funcionarios de áreas nacionales vinculadas a Vivienda, Interior y Economía. El debate se lleva adelante ante un tribunal colegiado y continuará con nueva prueba testimonial en las próximas audiencias.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro.
