El Gobierno nacional prevé retomar en marzo las negociaciones políticas para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, un año después de que el Senado rechazara los pliegos impulsados por el Ejecutivo. La estrategia incluye redefinir nombres y volver a tender puentes con sectores de la oposición para destrabar las designaciones.
La decisión de postergar el debate judicial fue tomada por el presidente Javier Milei, quien priorizó durante 2025 la aprobación del Presupuesto 2026 y otros proyectos tratados en sesiones extraordinarias. Con ese objetivo cumplido, en la Casa Rosada consideran que el escenario político será más propicio para reabrir las conversaciones parlamentarias.
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Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde el Gobierno reconocen que aún no hay definiciones sobre los posibles candidatos para completar el tribunal, aunque admiten que existen alternativas en evaluación y que la decisión final quedará en manos del Presidente.
En paralelo, el oficialismo avanza en la cobertura de vacantes en el resto del sistema judicial. Según fuentes oficiales, ya estarían prácticamente definidos los nombres para cubrir 146 cargos de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos, lo que permitiría reducir en más de un 30% las vacantes actuales.
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Para concretar estas designaciones, el Ejecutivo no descarta negociar con gobernadores dialoguistas y buscar avales en el Senado. Sin embargo, desde el oficialismo remarcan que no habrá apuro en las decisiones y que el criterio central será garantizar la idoneidad de los futuros magistrados. Por el momento, no está previsto avanzar en el reemplazo del procurador general interino, Eduardo Casal.
Fuente: TN.
