La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos, que apunta a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, no le corresponde al fuero penal económico de CABA. El expediente deberá regresar al juzgado a cargo de Adrián González Charvay.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa que investiga la compra de una casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, por presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, debe salir del fuero penal económico de la ciudad de Buenos Aires y regresar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El tribunal ordenó que el expediente sea remitido primero a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin dilaciones, lo derive nuevamente al juzgado de Campana.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Alejandro Slokar, quien consideró que el recurso debía declararse inadmisible por razones formales, aunque coincidió en que el delito de lavado de activos corresponde a la Justicia Federal y resulta ajeno al fuero penal económico. Según el fallo, al que accedió Infobae, la resolución busca resguardar la garantía constitucional del juez natural y garantizar una buena y pronta administración de justicia.
La sentencia se dictó luego de una audiencia realizada el miércoles, en la que el abogado de los acusados, Mariano Morán, reclamó que la causa volviera al juzgado de Campana por tratarse de la jurisdicción donde se ubica la propiedad investigada. Morán representa a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. La fiscalía, a cargo de Mario Villar, se había opuesto al pedido al considerar que la causa incluye hechos originados en la ciudad de Buenos Aires.
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Los jueces de Casación remarcaron que el fuero penal económico tiene una competencia especializada y determinada por ley, que no incluye el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal. Según explicaron, no existe una norma que le atribuya a ese fuero la investigación de ese delito, motivo por el cual la causa debe tramitarse en la Justicia Federal. El tribunal aclaró además que la decisión no implica retrotraer la investigación a etapas ya superadas ni invalidar las medidas de prueba producidas hasta el momento.
La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte, dueños de la sociedad Real Central, que figura como compradora de la casaquinta ubicada en Villa Rosa, Pilar. La sospecha apunta a que ambos no contarían con ingresos que justifiquen la inversión y que actuarían como testaferros de dirigentes de la AFA. En un allanamiento realizado en la propiedad se hallaron objetos que pertenecerían al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, además de una flota de 54 vehículos de colección y alta gama valuada en casi 4 millones de dólares.
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El expediente pasó por distintas instancias judiciales antes de llegar a esta resolución. El primer juez de la causa, el federal Daniel Rafecas, había girado el caso al fuero penal económico, que en un primer momento rechazó la competencia. Sin embargo, en junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió que la causa quedara radicada en el Juzgado Penal Económico 10, entonces subrogado por Marcelo Aguinsky, decisión que fue apelada por la defensa y terminó en manos de Casación.
Con este nuevo fallo, el tribunal analizó por primera vez el fondo de la controversia sobre la competencia y determinó que la investigación debe continuar en el fuero federal criminal y correccional. Los jueces convalidaron todo lo actuado hasta el momento en la causa y ordenaron que la investigación prosiga sin demoras, en momentos en que el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, ya declaró bajo juramento que no tiene vinculación con la propiedad investigada.
Con información de Infobae.
