El máximo tribunal inició el proceso para apropiarse formalmente del dinero y los bienes inmuebles de la causa “la ruta del dinero K”, tras quedar firmes las condenas y los decomisos.
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La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el procedimiento para incorporar al patrimonio del Estado más de USD 60 millones y diversos inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. La decisión se formalizó mediante un oficio enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 4, encargado de ejecutar la sentencia.
Según el documento, firmado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, la Corte dispuso la adjudicación definitiva de los fondos resultantes de subastas y la inscripción registral de los inmuebles a nombre del tribunal. La medida se sustenta en la sentencia del TOF dictada en abril de 2021 y confirmada por Casación en 2023, que determinó el decomiso de USD 61.130.860,86 y $4.174.697, este último monto actualizable por el índice de precios del INDEC.
En el oficio, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia de los fondos hacia dos cuentas bancarias de la Corte y la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según confirmaron fuentes judiciales.
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El avance del proceso fue posible después de que, el 29 de mayo de 2025, el máximo tribunal —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declarara inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Báez. Esa resolución dejó firmes las condenas y los decomisos, habilitando la ejecución plena de los bienes.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar activos originados en delitos económicos. Sin embargo, su implementación quedó suspendida luego de que el juez Pablo Cayssials dictara una medida cautelar, al considerar que la norma afectaba la independencia judicial.
En su fallo, Cayssials sostuvo que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y genera un impacto directo sobre la estructura del Poder Judicial, comprometiendo su autonomía y su autarquía presupuestaria. Mientras continúa la disputa institucional, la Corte avanza con la incorporación efectiva de uno de los decomisos más importantes de la historia judicial argentina.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
