El máximo tribunal deberá resolver un conflicto de competencia que lleva ocho meses entre distintos fueros y que ahora podría sumar un segundo expediente: la compra de una quinta en Pilar.
La Corte Suprema de Justicia quedó como árbitro de una disputa que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, con Claudio «Chiqui» Tapia a la cabeza y su tesorero Pablo Toviggino como protagonistas de varias de las denuncias en danza. Tras ocho meses de idas y vueltas entre juzgados federales, de instrucción, penal económico y tribunales porteños y de Campana, el tribunal ya tiene bajo análisis un conflicto de competencia por una denuncia de presunta defraudación y desvío de fondos. A ese expediente podría sumarse ahora otro, vinculado a la compra de un inmueble en Pilar, después de que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, resolviera llevar el planteo ante la Corte. La postura de la AFA es clara: pretende que todas las causas queden concentradas en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien ya tuvo intervención en el caso de la propiedad de Pilar.
Ese expediente investiga la adquisición de un predio en Pilar que, de acuerdo con la hipótesis judicial, estaría en realidad vinculado a Toviggino, aunque figura a nombre de otras dos personas —una jubilada y un monotributista— que aparecen como posibles testaferros. La Cámara Federal de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, había dispuesto que la causa volviera al juzgado de Campana, pero el fiscal Villar decidió cuestionar esa resolución con un recurso extraordinario, cuyo plazo de presentación vence el 31 de agosto. Si la Corte acepta tratarlo, será ella quien termine determinando qué juzgado tiene competencia para avanzar con la investigación, algo poco frecuente para un tribunal que normalmente no interviene en este tipo de contiendas entre fueros.
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En paralelo, el máximo tribunal ya tiene en sus manos otro conflicto vinculado a la dirigencia del fútbol argentino: la denuncia del empresario Guillermo Toffoni, quien acusó a la AFA de haber desviado unos 42 millones de dólares. Esa causa señala a la conducción de Tapia y menciona como parte del entramado a la firma Tour ProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette y su pareja, el productor teatral Javier Faroni. El expediente llegó a la Corte hace cuatro meses, luego de que la Cámara del Crimen —con el voto del juez Ignacio Rodríguez Varela— decidiera elevar el conflicto de competencia. Antes de resolver, el tribunal solicitó la opinión del procurador general Eduardo Casal, cuyo dictamen todavía está pendiente; según trascendidos judiciales, todo indicaría que este caso terminaría quedando en la Justicia ordinaria de instrucción porteña en lugar de pasar al fuero federal.
Lo que decida la Corte no se limitará a estos dos expedientes puntuales: la resolución podría fijar un criterio aplicable al resto de las causas que rodean a la entidad. Uno de los nudos centrales pasa por establecer dónde tiene su domicilio efectivo la AFA, un punto sobre el que chocan las posiciones de la dirigencia y las de quienes empujan las investigaciones. Mientras el entorno de Tapia y Toviggino busca que todo se concentre en el juzgado federal de Campana, otras causas podrían seguir tramitando en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese trasfondo, la Corte Suprema deberá zanjar una pulseada que se extendió durante meses entre distintos fueros y que definirá, en definitiva, quién queda a cargo de investigar las presuntas maniobras financieras dentro del fútbol argentino.
Con información de Cadena 3.
