«Queremos tener una trazabilidad por actividad, algo que está faltando en la Argentina», expresó Castagneto en una entrevista con Télam, además de señalar que «hasta ahora, no se trabajó una trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final o hasta el último actor de una cadena comercial».
En consecuencia, advirtió, «aparecen ‘baches’ en los que la gran empresa paga, la intermedia no paga o paga poco y después no traslada eso a la más chica, o viceversa».
«Por eso estamos haciendo este tablero de control para ver cómo va fluctuando la parte impositiva en los distintos sectores de la producción y de la comercialización», indicó.
En ese orden, otros de los aspectos recalcados por Castagneto es el de los trabajos para la detección del trabajo no registrado y la trata laboral, para lo cual fue decisivo haber completado las áreas de Seguridad Social en las regionales de la Dirección General Impositiva (DGI).
Al respecto, señaló que «la media de incumplimiento es generalizada, pero en algunas actividades hay mucho fraude laboral y trabajo infantil, como en la producción de ajo, cebolla, frutilla, arándanos y en cítricos».
«Hay que tener en cuenta que en algunos cultivos las cosechas son temporales y otros anuales; con la carta de porte electrónica tratamos de reducir el margen de maniobra, es decir, la percepción del riesgo, y que también sienta el contribuyente que tiene un organismo que está estudiando, lo está analizando y lo está fiscalizando», especificó.
Para abordar esa tarea, precisó, la AFIP «tiene una matriz de riesgo en el área de fiscalización y un tablero de control con todos los operativos de Aduana, DGI o Seguridad Social o en conjunto, en los que detectamos trata laboral o trabajo no registrado, o bien subfacturación, o tratar de sacar por la frontera bienes de manera ilegal».
«Estamos haciendo una buena investigación y una gran fiscalización, pero esto nos demuestra que hay una evasión y una elusión importante en la Argentina, que rondaría el 30% al 35%, ese es el número que nosotros estamos teniendo en cuenta», aseveró.
Esa situación, puntualizó, «nos lleva a tomar medidas con respecto a Ganancias y al IVA, ya que en los estudios que hemos hecho vemos que, en el total de la recaudación de Ganancias, que son fondos coparticipables, un 40% lo paga la cuarta categoría (trabajadores registrados), un 40% de las empresas y un 20% restante se distribuye entre compra de bienes inmuebles o automotores, lanchas, etc».
«No nos cierra la ecuación -planteó-, estamos haciendo una investigación sobre grupos empresarios y encontramos por un lado facturas apócrifas y por otro el traspaso de facturas de un lugar a otro de los grandes estudios para tratar de evadir o eludir la parte impositiva en Ganancias. Y en IVA lo mismo, estamos viendo que siempre paga el consumidor final».
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