En la atapa final en el juicio oral y público por presuntas ilegalidades y sobreprecios en la adjudicación a empresas para la reparación de escuelas de la zona en 2019, se escucharon este lunes por la tarde los alegatos finales a manera de conclusión de las partes tras haberse escuchado testigos y exhibirse prueba documental referida a los hechos investigados.
Como conclusión de su exposición, el fiscal general Omar Rodriguez pidió la absolución para Ariel Hueichán y que se los declare culpables a Graciela Cigudosa y Raúl Care.
En su introducción, el fiscal general Rodríguez relacionó a los hechos de corrupción como atentatorio del sistema democrático. Se refirió al rango constitucional que tiene este concepto y los tratados internacionales relacionados a los que adhirió la Argentina. «Se trata de aprovecharse de una situación de poder para una ganancia o beneficio particular o privado. Se contrapone al deber de todo servidor público, que es el del beneficio de los destinatarios de las decisiones que toma», manifestó el investigador.
Expresó que todas las empresas que competían, eran todas empresas que manejaba (Daniel) Schmid. «Era todo falso, una puesta en escena de competencias en las adjudicaciones. Las cotizaciones, supuestamente distintas, tenían todas los mismos errores ortográficos, es decir que las hacía una sola persona. Las hacía (Jorge) Santucho, un maestro mayor de obras empleado de Schmid», añadió.
Rodríguez se refirió a las conversaciones levantadas de los celulares secuestrado a los imputados, en donde se acuerdan acciones para acordar las cotizaciones y luego la ejecución de las obras, además del escrito que intentó ocultar Schmid cuyos datos, para el fiscal, terminaron coincidiendo con lo ventilado en juicio.
SOBREPRECIOS
Para el fiscal, quedaron probados los sobreprecios en la reparación de caloramas y de tubos fluorescentes. «Cigudosa tenía conocimiento de estas situaciones. Sabia de las siete empresas creadas por Schmid para simular las compulsas de precios», dijo el fiscal general.
Dijo que el pago del 50% de anticipo que debió realizar cada director de escuelas, no estaba avalado por ninguna resolución. «Estamos frente a un fraude a la administración pública, que se produce desde adentro por un funcionario que tiene como responsabilidad administrar bienes ajenos», expresó Rodríguez. «Si la ley no se hubiese violado, se hubiesen obtenido mejores precios», expresó el fiscal.
Por último, Rodríguez sostuvo que «hemos alcanzado un estado de certeza de que Cigudosa tenía conocimiento y que ha estado acreditado la actuación de Care».
Fuente: Télam.
