La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa identificó hoy al ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, como quien intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial a través de la denominada «mesa judicial».
La magistrada presentó un escrito de 24 carillas al que accedió la agencia Télam, en el que describió que la visita que recibió de quien entonces oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, el 15 de diciembre del 2015, a la que había hecho alusión en una entrevista periodística, fue el inicio de una «persecución ideológica» en su contra, que sólo dimensionaría tiempo después.
En la declaración presentada ante el fiscal Ramiro González, la jueza Figueroa sostuvo que aquella visita ocurrió en los primeros días de la gestión Cambiemos, cuando Mahiques fue a verla para coordinar la visita del entonces ministro de Justicia, German Garavano, al acto del balance de la gestión de Casación durante el año 2015, al cual había sido invitado.
«Cuando Mahiques ingresó a mi despacho no dimensioné que sería este hecho puntual el inicio de una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática», enfatizó la jueza en su declaración.
En aquel encuentro –relató la magistrada- Mahiques le preguntó «cuánto iba en demorar en sacar una sentencia en particular, la correspondiente a la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán», algo que debía resolverse en cuestión de días porque el gobierno de Macri había desistido de la apelación formulada por la administración anterior.
Se trataba de un fallo de la Cámara Federal porteña que había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo suscripto en el marco de la investigación del atentado a la AMIA y aprobado por el Congreso Nacional.
«Sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas», continuó la magistrada y añadió: «Si bien no recuerdo las palabras exactas de Mahiques, el nombrado me contestó e hizo saber que el ministro Garavano quería que dicha sentencia se dictara con anterioridad al acto, para así concurrir a la presentación del informe de gestión».
«Le respondí entonces ´que no venga si no quiere´ e invité a Mahiques cordialmente a retirarse. El funcionario se retiró y desconozco si realmente aquella era la voluntad del ministro», explicó Figueroa en el escrito que presentó en el marco del expediente.
«Esa circunstancia tal cual relatada me resultó sorpresiva y no le di la entidad suficiente para denunciar, atento era la primera vez que me sucedía que un funcionario político me anticipara sobre las pretensiones del gobierno, por mi personalidad no me sentí coaccionada, pero nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias con diferencias de 5 días entre ellas», ante el Consejo de la Magistratura, detalló la jueza.
«Debe señalarse –agregó la magistrada- que el miembro instructor de todas las causas que fueron unificadas en mi contra fue el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el consejero Juan Bautista Mahiques».
Figueroa relacionó los hechos con haber tenido que «soportar tres falsas denuncias en base a noticias periodísticas -con una clara línea editorial-, las que por su evidente falsedad debieron ser desestimadas de plano y, sin embargo, tramitaron durante el plazo máximo posible de más de 3 años».
Consideró además que las «denuncias ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y las publicaciones mediáticas constituyeron mecanismos de presión con una clara pretensión de disciplinamiento, que utilizaban contra juezas/ces», que no aceptaban «injerencia alguna» en su trabajo.
La magistrada envió su declaración por correo electrónico debido a que hoy los tribunales de Comodoro Py están siendo desinfectados, luego de que ayer se detectara un caso positivo de coronavirus, pero el lunes acompañará su escrito con un anexo documental de 124 páginas, según pudo saber esta agencia.
La denuncia, formulada por el Frente de Todos, luego de que Figueroa hiciera referencias a que recibió presiones de parte de Cambiemos durante un reportaje radial, quedó radicada ante el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal González.
En otro pasaje de su presentación, la jueza sostuvo que luego de ese intercambio con Mahiques, en el 2016, «curiosamente sucedieron noticias periodísticas contra determinados jueces y la difusión de aparentes listas negras -en las que me incluían».
“Se difundían listas de nombres de magistradas/os que la prensa aseveraba que serían ´objetivos´ del gobierno de turno, imputando falsamente mal desempeño e ilícitos, tratando de desprestigiar la imagen del funcionario», aseveró.
En este expediente, los denunciantes sindicaron como «responsables de los hechos» a los funcionarios del gobierno de Macri que integraron lo que públicamente se conoció como «la mesa judicial».
Los señalados fueron el propio el ex presidente; Mahiques; Garavano; el ex jefe de asesores José Torello; el ex secretario Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.
