La Justicia decidió este miércoles trasladar a un establecimiento a determinar del estado de San Pablo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, fronterizo con Misiones, en el sur de Brasil.
La decisión fue tomada por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, en medio de un escándalo de filtraciones sobre conversaciones entre los miembros de la Operación Lava Jato, que llevó a prisión al ex mandatario.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada.
En el fallo, Lebbos acepta un pedido de la Policía Federal, a cargo del ministro de Justicia Sergio Moro, quien como juez condenó a Lula, para trasladar al lider opositor de Curitiba, debido a los trastornos que provoca su actual lugar de detención.
Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones entere Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo revelan la existencia de maniobras destinadas a condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
El fallo tampoco estableció una fecha para el traslado.
Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la corte suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.
