La Justicia investiga un presunto circuito paralelo de aprobaciones del sistema SIRA durante el último cepo cambiario. Audios y mensajes hallados en un celular complican a empresarios y financistas.
Una pericia realizada sobre el teléfono celular de Martín Migueles, exsocio del empresario Elías Piccirillo, reveló conversaciones y audios que exponen un supuesto esquema clandestino para agilizar aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La causa es investigada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, quienes analizan posibles maniobras vinculadas al acceso al dólar oficial y operaciones en el mercado paralelo.
Según consta en el expediente judicial, las conversaciones muestran negociaciones por comisiones de entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones para obtener autorizaciones en plazos mucho menores a los habituales. En uno de los audios incorporados a la causa, Migueles afirma: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”, en referencia al costo de acelerar las aprobaciones.
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La investigación sostiene que existía un “circuito paralelo” compuesto por intermediarios y presuntos contactos dentro del Estado que permitían destrabar solicitudes de importación. Entre los nombres mencionados aparece Ariel Germán Saponara, abogado que habría trabajado en organismos públicos y que figura en los chats consultando por gestiones vinculadas a SIRA para empresas de maquinaria y repuestos.
Los mensajes revelan además detalles sobre la operatoria económica. De acuerdo con la causa, los involucrados calculaban las comisiones sobre el valor del dólar blue y luego distribuían las ganancias entre quienes participaban en la gestión. En otra conversación, Migueles asegura que podía obtener aprobaciones “en una semana o diez días”, cuando los tiempos normales podían extenderse durante meses.
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El expediente también menciona a Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, señalado como uno de los nexos encargados de canalizar pedidos hacia personas con capacidad de influir en las autorizaciones. En los audios analizados, se detallan porcentajes, cálculos de comisiones y supuestos pagos destinados a “dejar adentro”, expresión que la Justicia analiza como posible referencia a sobornos.
La causa tomó mayor impulso luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto de sumario y ordenara nuevos allanamientos a empresarios y financistas ligados al mercado cambiario informal. Las medidas se realizaron tras el análisis del contenido extraído de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante procedimientos anteriores.
Además de las maniobras vinculadas a las SIRA, la investigación apunta a determinar si existió connivencia entre financistas, empresarios y funcionarios públicos durante las restricciones cambiarias de 2022 y 2023. Actualmente hay más de 50 personas y empresas bajo análisis judicial por presuntas irregularidades vinculadas al dólar blue y autorizaciones de importación.
Con información de La Nación.
