La Justicia Federal ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para avanzar en la reconstrucción del patrimonio del presidente de la AFA.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024. El expediente analiza la evolución de los bienes e ingresos de Tapia durante su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Entre las medidas ordenadas figuran el acceso a información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, inversiones, movimientos económicos y nivel de consumo. La fiscalía había solicitado además información vinculada con operaciones financieras, créditos, transferencias, tarjetas, cajas de seguridad y eventuales activos en el exterior.
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Según la documentación incorporada a la causa, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal conjunto de unos $17 millones, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones. Para 2024, en cambio, su declaración consignó depósitos bancarios por más de $1.002 millones, $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro, cifras que forman parte de los elementos que deberán ser analizados judicialmente.
La denuncia también puso bajo análisis los ingresos declarados por Tapia. Según la documentación citada en el expediente, informó ingresos anuales por $100.233.144 correspondientes al CEAMSE y $718.536.500 por su actividad en la CONMEBOL, mientras que su función como presidente de la AFA fue declarada ad honorem. La investigación busca determinar si existe correspondencia entre esos ingresos y la evolución de su patrimonio.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo después de un conflicto de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales federales. Tapia es investigado en este expediente por su condición de funcionario público vinculada con el CEAMSE, y no por su cargo al frente de la AFA. La investigación continúa con la incorporación de la información solicitada por la fiscalía y autorizada por el juez.
Fuente: TN.
