En un fallo reciente, la Cámara Federal de Posadas decidió renovar por un año más el congelamiento de bienes vinculados al clan Barakat, mientras urge al juez Miguel Guerrero a acelerar la investigación. Este caso, que lleva nueve años de instrucción, es la única causa en Argentina que investiga delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo.
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La investigación se centra en el clan Barakat, encabezado por Assad Ahmad Barakat, detenido en Brasil en septiembre de 2018.
Barakat, nacido en el Líbano y establecido en Paraguay desde la década de 1980, es acusado de utilizar empresas y negocios para lavar dinero y financiar al grupo terrorista Hezbollah. Según se informó, utilizaban casinos en Puerto Iguazú para lavar dinero, que luego era enviado al Medio Oriente.
En 2015, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el congelamiento administrativo de los bienes del clan, una medida que fue prorrogada anualmente desde entonces. El juez federal de El Dorado, Miguel Guerrero, autorizó allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú en 2018, descubriendo que los sospechosos cruzaban frecuentemente a Argentina para realizar maniobras delictivas en los casinos locales.
A pesar de los avances, la causa hizo frente a críticas por su lentitud. La semana pasada, el juez Guerrero fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por maltrato laboral, en una votación notable por la frase del senador del PRO, Luis Juez: “Una moneda le vamos a sacar”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas instó a Guerrero a acelerar el proceso, señalando que «los argumentos esgrimidos por el magistrado al momento de denegación no obedecen al mejor servicio de justicia».
El congelamiento de bienes es determinante para evitar que los miembros del clan Barakat puedan utilizar sus activos u operar en el sistema financiero argentino. En julio de 2023, el juez Guerrero ratificó la medida de congelamiento administrativo de bienes dictadas en 2018 y 2020 sobre el clan Barakat y Hezbollah, considerados una organización terrorista por Argentina y otros países de la región.
El tribunal también solicitó la certificación del estado de los exhortos internacionales dirigidos a Brasil, Paraguay y Uruguay, una medida clave para avanzar en la investigación. La Cámara subrayó que acceder al estado de estas diligencias es «un derecho de la parte».
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La UIF, encabezada por Ignacio Yacobucci, presionó para que se tomen determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos. La investigación fue apoyada por organismos de inteligencia estatales.
Fuente y Foto: Infobae.
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