La Justicia de Misiones mantuvo la prisión preventiva para Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La investigación continúa y se espera la ampliación de cargos.
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La Cámara de Apelaciones de Misiones ratificó en las últimas horas la extensión de la detención de los hermanos Sebastián y Germán Kiczka, quienes están bajo arresto preventivo como parte de una investigación por tráfico de material de abuso sexual infantil. El fallo fue emitido por la Sala II del tribunal, que respaldó las decisiones previas del juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, y la fiscal Silvana Barronis, quienes dictaron la prisión preventiva de los acusados semanas atrás.
Los hermanos Kiczka enfrentan una calificación legal provisoria por «tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil», cargo que se les imputa tras ser descubiertos con archivos de contenido explícito y de explotación sexual infantil. A pesar de que el caso aún está en curso, la Justicia consideró que la medida cautelar sigue siendo necesaria debido a los riesgos procesales involucrados.
Germán Kiczka, exdiputado provincial, permanece detenido en la Unidad Penal de Cerro Azul, mientras que su hermano Sebastián se encuentra en la misma situación. Ambos están a la espera de que el caso avance a instancia de debate, aunque aún no se ha fijado una fecha para el juicio.
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En agosto pasado, durante la ampliación de su indagatoria, Germán Kiczka reconoció consumir y descargar pornografía en línea, aunque negó que dicho material estuviera relacionado con menores de edad. También negó haber intentado fugarse, argumentando que se encontraba en un retiro espiritual en el momento de su detención.
Sin embargo, según fuentes judiciales, Kiczka no respondió a todas las preguntas formuladas por el juez Faria y la fiscal Barronis, particularmente aquellas relacionadas con las pruebas en su contra y los detalles de la investigación en curso.
La investigación continúa su curso, y se esperan más detalles conforme avance la recolección de pruebas. Las autoridades judiciales aún analizan las implicancias de los archivos incautados y la posibilidad de ampliar los cargos contra los acusados.
Fuente y foto: El Territorio
