La justicia federal realizó una inspección en el avión retenido en Ezeiza, dispuso una revisión técnica completa y retiró las dos caja negras de la aeronave, confirmaron a Télam fuentes con acceso al expediente; a la vez que explicaron que los investigadores aguardan información de agencias extranjeras para determinar si existen elementos que vinculen a los tripulantes con el terrorismo o la inteligencia internacional.
La inspección se iba a realizar el miércoles último pero fue postergada por la presencia de medios en el aeropuerto internacional, según indicaron las mismas fuentes.
La medida ordenada por el juez Federico Villena fue realizada ayer por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal que, a requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona, se secuestró las dos cajas negras del avión (una graba voces de cabina y la otra información de aeronavegación).
Durante el operativo se secuestró documentación y se realizó una revisión técnica completa de la que participaron ingenieros aeronáuticos, según pudo reconstruir esta agencia.
Aunque el expediente judicial permanece bajo secreto de sumario, Télam pudo saber de fuentes seguras que el juez Villena y la fiscal Incardona solicitaron información a agencias extranjeras para conocer con certeza qué tipo de sanción pesa sobre el avión Boeing 747 de la empresa de transporte de carga Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, y si existen investigaciones sobre sus tripulantes; interesa en particular la información que pueda haber del piloto iraní Gholamreza Ghasemi.
La información habría sido solicitada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (por las supuestas sanciones comerciales que pesarían sobre la aeronave) y a la Agencia Federal de Investigaciones e Inteligencia de ese país (FBI), según pudo reconstruir este medio.
A nivel local, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contestó esta mañana a primera hora un oficio enviado por el juez en el que solicitó información sobre las acciones llevadas a cabo por ese organismo en este caso, informaron fuentes oficiales.
Además, en el Juzgado federal de Lomas de Zamora esperan que Uruguay informe las razones por las que no permitió el ingreso de la aeronave a su espacio aéreo el martes de la semana pasada.
Por otro lado, los investigadores aguardan los informes encargados a la Policía Federal y a la Policía de la Ciudad en relación a los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados a los tripulantes -14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes- que permanecen alojados en el Hotel Plaza Canning, y que no pueden irse del país porque la Justicia les retuvo los pasaportes.
Mientras a nivel judicial se esperan novedades, el accionar del Gobierno nacional y sus fuerzas de seguridad en relación a la llegada del avión el pasado 6 de junio fue destacado hoy por las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos e Israel que siguen el avance del tema con detenimiento.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, sostuvo que ese país sigue con «gran interés» las investigaciones en torno al avión de la empresa Emtrasur, y destacó los «esfuerzos» de las autoridades locales para esclarecer el caso.
«Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación», señaló Stanley a través de voceros de la Embajada estadounidense.
En la misma línea se había expresado la Embajada de Israel en la Argentina, que destacó el «accionar rápido, efectivo y firme» de las fuerzas de seguridad locales, que «identificaron en tiempo real la amenaza potencial» del avión.
«El Estado de Israel desea expresar su reconocimiento por el accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas», indicó la representación diplomática a través de un comunicado.
«Esta aeronave, que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mahan Air, aterrizó en la Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air», indicaron en el texto.
En el comunicado se precisó que Estado de Israel está «particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas».
Las mismas preocupaciones expresadas por la Embajada de Israel habían sido puestas de manifiesto por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en su presentación judicial cuando se presentó como querellante en el expediente.
El avión procedente de Caracas, Venezuela, llegó a Buenos Aires el lunes 6 de junio, con una parada previa en el aeropuerto de Córdoba porque ese día la niebla que había en el aeropuerto internacional de Ezeiza dificultaba las condiciones para el aterrizaje.
Télam pudo confirmar de fuentes que siguen el caso que el mismo 6 de junio, cerca de las 19, la Agencia Federal de Inteligencia recibió una comunicación de un delegado en Paraguay con una llamada de atención vinculada al vuelo que ese mediodía había llegado a la Argentina.
El avión llegó a la Argentina con el motivo formal –la justicia investiga si hay algún otro motivo inconfesable- de traer autopartes, información que fue constatada por las agencias encargadas de ejercer los controles respectivos.
La tripulación del vuelo de Emtrasur tenía previsto continuar su viaje el martes de la semana pasada, pero eso no fue posible porque las empresas con capacidad para venderle combustible se negaron a hacerlo producto de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la aeronave.
Al día siguiente, el miércoles 8, se produjo el intento cargar combustible en Uruguay, país que primero autorizó la ruta aérea para el avión de Emtrasur pero luego le negó el acceso a su espacio aéreo, lo que obligó a la aeronave a retornar a Ezeiza.
En ese contexto fue que anoche, los tripulantes venezolanos del avión que se encuentra secuestrado por la justicia en el aeropuerto internacional de Ezeiza dejaron trascender su malestar por no poder irse del país e incluso deslizaron que denunciarán que el avión fue allanado la semana pasada sin orden judicial.
A través de voceros oficiosos, difundieron un comunicado en el que explicaron que además de realizar entregas de autopartes aprovecharon el vuelo para continuar con la capacitación vinculada al uso de la aeronave, lo que explicaría la presencia de una tripulación numerosa y compuesta también por ciudadanos iraníes.
Desde el entorno de la tripulación, señalaron que los ciudadanos iraníes que participaron del vuelo lo hicieron en calidad de instructores porque son quienes trabajaron en ese avión desde1986 hasta que fue vendido, este año, por la firma iraní Mahan Air a la venezolana Emtrasur.
Las mismas fuentes aseveraron, además, que la capacitación y el servicio técnico estaba prevista en el contrato de compraventa de la aeronave.
La versión de los tripulantes, que será presentada ante la justicia, remarca además que ninguno de ellos -ni los venezolanos ni los iraníes- había tenido hasta la llegada a la Argentina ningún inconveniente con autoridades policiales ni migratorias.
Los ciudadanos venezolanos e iraníes, cuyos pasaportes fueron retenidos, reclamarán además que la justicia se expida con la mayor celeridad posible dado que la situación en la que se encuentran involucrados les genera daño personal, familiar e incluso a la empresa para la que trabajan.
