El Procurador de Chubut, Dr. Jorge Miquelarena, repasó los avances y objetivos de la reforma del Código Procesal Penal en una entrevista con Radio 3.
El Procurador de la Provincia de Chubut, Dr. Jorge Miquelarena, ofreció una visión detallada sobre los esfuerzos y expectativas en torno a la modificación del Código Procesal Penal. «Nosotros, venimos desde hace muchos años bregando por lo que entendemos era una necesidad de la reforma del Código», afirmó Miquelarena, subrayando la importancia de este cambio estructural en el sistema judicial de la provincia.
El Procurador destacó la participación activa del Poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto de reforma, resaltando que ha sido un proceso colaborativo con diferentes sectores del sistema judicial. «El Poder Ejecutivo se hizo eco de ese reclamo, lo compartió, elaboró sus propios artículos del proyecto», explicó. Además, mencionó que la propuesta ha recibido tratamiento favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación, y actualmente está siendo considerada en la legislatura.
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Uno de los aspectos más significativos de la reforma es la posibilidad de que un solo juez pueda actuar en juicios, lo cual, según Miquelarena, acelerará los procesos judiciales. «Si aumentamos la competencia de esos jueces unipersonales, se estarían triplicando la cantidad de jueces sin necesidad de tener que nombrar ninguno nuevo», señaló, enfatizando que esta medida permitirá más audiencias y sentencias en menor tiempo.
La entrevista también abordó la cuestión de los plazos de investigación y el tratamiento de casos de flagrancia. «El plazo máximo de duración del proceso estaba previsto en tres años en términos normales o en cinco años si es una causa compleja», comentó Miquelarena, destacando que estos plazos se mantienen sin cambios en la reforma. Además, explicó que los casos de flagrancia podrán resolverse en un plazo máximo de 30 días, lo que representa una mejora significativa en la eficiencia del sistema judicial.
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Otro tema discutido fue la suspensión de juicio a prueba, un mecanismo utilizado para resolver rápidamente ciertos casos. «No hay modificación respecto del Instituto de la Suspensión de Juicio a Pruebas, pero se puede pedir hasta la audiencia preliminar», aclaró. Esta medida busca evitar demoras innecesarias en los procesos judiciales y asegurar que los casos se resuelvan de manera más expedita.
La entrevista concluyó con una reflexión sobre la imputabilidad de menores, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto de recientes casos trágicos en la provincia. «Estamos hablando de la ley 22.278. Esta ley es del año 80 y en el camino han pasado un montón de proyectos que nunca tuvieron un tratamiento o una aprobación», indicó Miquelarena, sugiriendo que es necesario actualizar la legislación para reflejar mejor la realidad actual.
